La Ciudad fue a la Corte por la quita de fondos y la pelea se instaló en todos los frentes

Finalmente, el gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema un reclamo por la quita de recursos decretada por el gobierno de Alberto Fernández la semana pasada. En un texto de 130 páginas, la Procuración de la Ciudad, siguiendo instrucciones de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, calificó el recorte de “inconstitucional, improvisado e intempestivo”.

«En la Constitución no existe justificación para la modificación unilateral por parte del Estado Nacional del coeficiente de participación en la coparticipación de los estados locales. Se requiere siempre el consenso, acuerdos o actos bilaterales para modificar el régimen y los porcentuales de coparticipación», señaló la Ciudad en su reclamo al máximo tribunal.

«La legislación concluye que la transferencia de competencias en materia de seguridad no federales se debe llevar a cabo mediante la firma de acuerdos suscriptos entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tal como sucedió, justamente, con la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires», agregó.

Con el telón de fondo de la demanda de la Policía Bonaerense, Alberto Fernández sorprendió el miércoles pasado con la decisión de quitarle más de un punto porcentual de coparticipación a la Ciudad, lo que representaría unos 40.000 millones de pesos al año. Y derivó esa masa de dinero directamente a la provincia de Buenos Aires, para darle una salida a Axel Kicillof y en sintonía con la posición de Cristina Fernández de Kirchner.

La medida presidencial generó una ruptura con Rodríguez Larreta y con el sector moderado de Juntos por el Cambio, en particular los gobernadores de la UCR, que evitaron acompañar a los jefes provinciales del PJ en el aval al recorte de fondos coparticipables que van a la Capital.

Esta semana, el Presidente además decidió enviar un proyecto al Congreso para definir una baja adicional de casi un punto de coparticipación. Ese monto dependería ahora del Ejecutivo, porque quedaría a criterio del Presupuesto y dejaría de ser automático y por coparticipación. Esto podría operar entonces como un elemento de presión, sujeto a negociaciones.

El proyecto será tratado por el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría propia. El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, había dicho que el Presidente se “quedó corto” con la poda y que debería ser de dos puntos porcentuales.

De este modo, se abre al menos dos frentes de disputa. La Ciudad judicializó el tema e involucró directamente a la Corte. Y se viene además una pelea en el Congreso y sobre todo cuando el texto arribe a la Cámara de Diputados, si la iniciativa es rápidamente aprobada en el Senado.

La decisión de la Ciudad se concretó luego de que Rodríguez Larreta le anticipara formalmente al Presidente que daría ese paso, en la reunión para definir la continuidad de la cuarentena.