En el momento más difícil de la pandemia, el Gobierno reflota la ofensiva judicial

En medio de la nueva crisis sanitaria por el aumento de casos de coronavirus, y mientras advierte sobre mayores restricciones, el Gobierno busca avanzar con el proyecto para reformar el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de desplazar al procurador interino Eduardo Casal. La relación con la oposición vuelve a tensarse: Juntos por el Cambio no participó ayer de la exposición en el Congreso del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, que intenta reflotar los proyectos judiciales que promueve el kirchnerismo duro y que quedaron frenados en la Cámara de Diputados desde el año pasado.

La principal reforma a la Ley del Ministerio Público es el cambio de las mayorías para designar al jefe de los fiscales. En la actualidad, se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara Alta, mientras que con el cambio que ya aprobó el Senado en noviembre del año pasado y duerme desde entonces en Diputados, se necesitaría sólo mayoría absoluta (mitad más uno). Al hablar ayer ante un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados, Soria dijo que aprobar la iniciativa «es fundamental para el restablecimiento del Estado de Derecho que tanto daño ha sufrido en los últimos años».

Es la primera visita que hace Soria al Congreso desde que asumiera el Ministerio de Justicia, el pasado 29 de marzo, en reemplazo de Marcela Losardo, que debió dejar su cargo luego de fuertes presiones internas. El actual procurador interino, Casal, es constante blanco de críticas del kirchnerismo duro. El presidente Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas para ocupar el lugar del jefe de los fiscales, pero no consiguió siquiera acuerdo interno, ya que el cristinismo no lo ve con buenos ojos.

Soria cargó directamente contra Juntos por el Cambio, que ratificó su decisión de resistir el proyecto y se negó a participar del plenario que encabezó el ministro ayer. «Tal vez la solución era simplemente dialogar. Por eso es que llama la atención, yo lo lamento, lo tengo que decir, que los mismos que querían modificar esta ley que hoy estamos analizando, los mismos que querían modificar esta ley allá en el Gobierno anterior, en los años 2016 y 2017 hoy no quieran participar de esta reunión”, lanzó.

Y agregó, el ex diputado: «Sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente”.

La noche previa, el interbloque de JxC había emitido un comunicado confirmando que no participaría: «En el momento más duro de la pandemia la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus ex funcionarios. El interbloque Juntos por el Cambio no será funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos. Reformar el Ministerio Público Fiscal, aprobando la sanción que viene del Senado, implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo», expresaron en un comunicado los diputados de la coalición opositora.

La renovada ofensiva del gobierno por la reforma de la Procuración -así como por la reforma del fuero federal, que también está frenada en Diputados desde agosto del año pasado-, no sólo genera más tensión con la oposición. También plantea un problema para aliados del oficialismo en pleno año electoral: el lavagnismo y el peronismo federal ya advirtieron en reiteradas oportunidades que no acompañarían estos proyectos judiciales del Ejecutivo.