En medio de la interna del oficialismo, surge un nuevo proyecto de impuesto que genera sorpresa y críticas
Un proyecto motorizado por el círculo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner abrió en el inicio de la semana un nuevo frente de debate, como estribación del conflicto interno generado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa plantea la creación de un impuesto del alrededor del 20% sobre bienes en el exterior no declarados, que alimentaría un “Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. Apenas conocida la propuesta, surgieron dudas sobre el real sentido de la medida y sobre los problemas judiciales que podría enfrentar, además del rechazo de la oposición.
El proyecto fue impulsado por senadores cercanos a la ex presidente y luego recibió el respaldo del Ejecutivo. Fuentes del Gobierno dijeron que el tema había sido conversado informalmente por funcionarios y algún representante de Cristina Kirchner, pero en medios del Congreso las especulaciones hablaban de una jugada K sin comunicación previa.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, expresó que “el Gobierno nacional valora la iniciativa del bloque de senadores del Frente de Todos”. No hubo otra definición pública.
El proyecto apunta a lograr una recaudación extra, aunque parece sobre todo una jugada política. Formalmente, establece un pago por única vez, crea la figura de “colaborador” -que recibiría un porcentaje de lo que podría ser recaudado- y busca avanzar sobre el secreto bancario.
Expertos en el tema destacaron que, en realidad, ya existe legislación para recuperar activos y lograr colaboración de otros Estados. Y también legislación específica sobre bienes y fondos fruto de la corrupción, el lavado y la evasión.
Una ley de este tipo podría ser judicializada de inmediato, más allá de los defectos prácticos. En medios legislativos era analizado si, en rigor, se trataría de un nuevo blanqueo, poco atractivo por el costo y por las actuales condiciones políticas.
Desde Juntos por el Cambio, salieron a rechazar la iniciativa. Pero al margen de las cuestiones políticas, en esa vereda señalaban que, por su naturaleza impositiva, el texto debería ser iniciado en la Cámara de Diputados. Allí, por lo pronto, el panorama para el oficialismo es más complejo que en la Cámara baja.
El proyecto surgió en medio de las sostenidas tensiones del oficialismo. Siguen las cargas del kirchnerismo sobre el Presidente y su grupo más estrecho de funcionarios. El fin de semana, los cuestionamientos fueron expresados por el “camporista” Andrés Larroque. Y ayer mismo, sumó duras declaraciones Sergio Berni, que busca afirmar un perfil propio.
El Gobierno, entre tanto, intenta dar respuesta a la escalada de precios. Busca dar esta semana una señal contenedora junto a empresarios y jefes sindicales. Alberto Fernández mantuvo contactos reservados con posibles convocados a una instancia multisectorial. Y hasta encabezó un encuentro informal con representantes de la UIA y de la CGT. La intención del Presidente es sumar a representantes de la CTA y de las organizaciones sociales.
