Convierten en ley el aumento en un 50% de las partidas para alimentos

En un debate en el que casi no se escucharon voces altisonantes, pero sí duras críticas entre oficialismo y oposición, el Senado sancionó la ley de emergencia alimentaria, que obligará al Poder Ejecutivo a incrementar en al menos un 50% las partidas presupuestarias de los planes alimentarios y de nutrición destinados a los sectores sociales más golpeados por la crisis.

La ley fue sancionada por unanimidad de los 61 senadores presentes. Se repitió así un escenario similar al de la semana pasada, cuando la Cámara de Diputados aprobó el proyecto impulsado por la oposición. A pesar de que habían anunciado que permanecerían hasta que la ley fuera sancionada, los grupos piqueteros que marcharon al Congreso –Polo Obrero y Barrios de Pie, entre otros– ya se habían desconcentrado cuando comenzó el debate.

La emergencia alimentaria está vigente desde 2002. La ley sancionada ayer la extiende hasta el 31 de diciembre de 2022. El impacto de la norma ascendería a los $10.000 millones, si se toma como base los fondos ejecutados hasta el 31 de agosto. La medida no tendría costo fiscal ya que se cumplirá reasignando partidas.

La sesión estuvo atravesada por un clima de tensión política contenida como consecuencia del acuerdo entre todos los bloques para no exacerbar la crisis social. “El momento del país no es para hacer declaraciones grandilocuentes”, admitió el delicado momento María de los Ángeles Sacnun (FPV-Santa Fe) en la apertura del debate. Sin embargo, a la hora de los discursos de cierre, el jefe del bloque oficialista, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), rompió el acuerdo con un encendido discurso que tuvo como principal destinatario al kirchnerismo.

Salió al cruce así de las acusaciones políticas lanzadas contra el Gobierno desde las bancas peronistas. “Estamos ante un hecho político significativo, estamos ante la carnalidad de la visibilidad del hambre”, había denunciado el líder de la bancada kirchnerista, Marcelo Fuentes (FPV-Neuquén), quien le reprochó a Mauricio Macri no haber aumentado las partidas alimentarias por decreto. Por su parte, y a pesar de destacar que no le parecía el recinto del Senado “el ámbito para echarnos la culpa”, el jefe del Bloque Justicialista, Carlos Caserio (Córdoba), adjudicó la crítica situación social a las “políticas económicas equivocadas y erráticas” del Gobierno. Hasta ahí, el tono de los discursos había sido controlado. Pero Naidenoff, aprovechando la ventaja de que sería el último orador de la sesión, pasó al ataque.

“Si hablamos de pobreza, en el año 2015, cuando nos hicimos cargo, la pobreza tenía un indicador del 30%; el 34% de los argentinos estaban en situación de precariedad e informalidad laboral, y el 50% de los chicos no habían terminado la secundaria”, replicó. Además, le enrostró al kirchnerismo haber entregado el gobierno “en default, con cinco tipos de cambios y con una economía con socios pocos confiables, como Venezuela e Irán”, mientras miraba al escaño vacío de Cristina Kirchner. Esto provocó la reacción de José Mayans (PJ-Formosa), que a los gritos, pero fuera de micrófono, le contestaba al líder del bloque Cambiemos.

Antes que la armonía se rompiera, Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis) apostó a mantenerse equidistante de la grieta. Señaló que la pobreza y la indigencia alcanzan al 40% de la población, pero también destacó que la emergencia social no es una novedad. “Estamos prorrogando una emergencia que está vigente desde 2002”, dijo. “No es una exageración, es un tema que existe y duele”, reprochó la renovadora salteña María Fiore Viñuales, habitual aliada del oficialismo, a quienes descalificaron la existencia de una situación de emergencia alimentaria.

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