“¿Qué quieren hacer, ‘la gran Bussi’?”

Dijeron en la oposición, al cruce de la idea de sesionar.

Entre tantas preocupaciones y focos de conflicto que atender, hay dos temas que inquietan especialmente al presidente Alberto Fernández porque exceden a la capacidad que tiene desde el Ejecutivo para resolverlo. Se trata del remate de las casas hipotecadas y el desalojo de alquileres de viviendas y negocios.

En medio del freno de la economía, producto de la cuarentena obligatoria, Alberto es consciente de la necesidad de que se acuerde la suspensión de ambos por ley y le pidió colaboración a la oposición para reabrir el Congreso. Pero la falta de vuelos para los legisladores del interior (Aerolíneas tiene un esquema de emergencia hasta el 31 de marzo), la edad de riesgo (más de 60 años) de decenas de ellos, el “mal ejemplo” que sería una reunión de esta índole en las actuales circunstancias -según un encumbrado legislador- generan muchísimas dudas, entre opositores pero también algunos oficialistas.

La intención de un sector del Gobierno era ayer darle impulso a la sesión -en principio en Diputados- para la semana próxima. “No podemos sacarlos por DNU, porque es intervenir sobre acuerdos entre privados y corremos el riesgo de que los impugnen ante la Justicia”, explicó un alto funcionario sobre el apuro oficial.

En el Gobierno admiten que deberán encontrar una solución al tema para lograr contener las demandas sociales que habrá en abril. Y el foco está puesto en evitar el desalojo de familias que no pueden hacer frente al pago de alquileres y de comerciantes morosos que no pueden abrir sus puertas por la pandemia.

No es, aclaran en el Gobierno, una suspensión generalizada de pagos de alquileres como dispuso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sino una herramienta para evitar situaciones extremas.

Algo similar ocurre con las hipotecas. No se condonarán deudas, sino que se suspenderán los plazos de ejecución y los remates de casas.

Si bien no estuvo en la agenda del día, el plan sobrevoló la reunión que el Presidente mantuvo con los intendentes el martes en Olivos. Aunque no se trata de un asunto que los involucre políticamente, los jefes comunales son quienes tienen que lidiar con los conflictos entre privados.

Incluso, varios de ellos aseguraron a Clarín que ya recibieron consultas de vecinos preocupados porque no podrán hacer frente al pago de los alquileres durante el mes de abril.

El titular de Diputados, Sergio Massa, salió de esa reunión y se comunicó con los jefes de bloque opositores en busca de consenso. Les anticipó la voluntad del oficialismo de trazar una sesión que abarque más temas.

“Hablamos con el Presidente la eventualidad de que tengamos que juntar en los próximos días al Congreso porque hay temas que requieren inexorablemente leyes”, dijo en diálogo con el canal América. Pero la cosa no viene sencilla.

Ya antes del inicio de la cuarentena, la oposición anunció que si el Presidente necesita una ley de emergencia, ellos acompañarían.

Pero frente a la posibilidad de tratar un proyecto para suspender remates y desalojos, en Juntos por el Cambio creen que esa medida podría concretarse “por otra vía”, advirtieron sobre las dificultades y recaudos de sesionar en plena pandemia, y afirman que esa posibilidad debería reservarse para temas “extremos”, como una crisis sanitaria o el estado de sitio.

“¿Qué quieren hacer, la gran Bussi?”, ironizó una fuente de la oposición, por el legislador provincial tucumano que fue a la sesión con coronavirus y podría haber contagiado a decenas. “Tenemos toda la predisposición, pero cuando sea un tema imprescindible, como para movilizar no solo a diputados de todas las provincias en medio de las reestricciones, sino también a los trabajadores de la Cámara, taquígrafos, seguridad”, aseguran desde JxC. De los 257 legisladores, 75 son mayores de 60 años por lo que no deberían ir y varias provincias ya cerraron sus fronteras, incluso terrestres.

“No inventemos necesidades para hacer un show mediático”, se quejó un legislador del PRO, que consideró que esa normativa podría salir tranquilamente por DNU.

Diputados y senadores de peso del Frente de Todos también creen que es “más factible” un DNU que “movilizar dos sesiones”. Incluso analizan: “¿Quién va a ejecutar desalojos en esta emergencia?” “Sería irresponsable poner en riesgo a todo el personal, para un tema de este tipo”, aseguró un senador oficialista.

Fuente: Clarín