Negociación más intensa por el pacto político, mala comunicación sobre jubilados y dudas por el tema de la Corte

El Gobierno mostró en las últimas horas la decisión de intensificar las negociaciones sobre el pacto político y el acuerdo fiscal, con impacto en el Congreso y en la relación con los gobernadores. Pero no fueron esas las únicas señales políticas. La formalización del decreto sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria exhibió problemas de comunicación, en un terreno que lo muestra a la ofensiva. Y la nominación de candidatos para la Corte Suprema expone un problema sobre el que estaría trabajando el círculo presidencial.

Las conversaciones y contactos para tratar de cerrar un acuerdo con aliados y la oposición “dialoguista” están siendo segmentados. Se suspendió un encuentro amplio y este lunes hubo una reunión con diputados del PRO, encabezados por Cristian Ritondo.  Fueron recibidos por Guillermo Francos, Nicolás Posse y otros funcionarios, entre ellos representantes de Economía.

Creció en esa conversación la idea, ya adelantada, de sumar la reforma laboral -incluida en el mega DNU y frenada en la Justicia- a la nueva versión de la Ley Bases.

El Gobierno también busca avanzar en las tratativas de un acuerdo en paralelo para aliviar la situación de las provincias. Francos estuvo reunido con Jorge Macri y este martes asistirá a un plenario de los gobernadores del Norte Grande. En esa cita, confluyen jefes provinciales del peronismo dispuesto al diálogo (Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo) y de la línea más confrontativa (Gildo Insfrán, Ricardo Quintela), junto a radicales (Gustavo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir) y provinciales (Hugo Passalacqua).

Después del fin de semana extra largo, el ministro convocaría a gobernadores radicales y de fuerzas provinciales.

El inicio de la semana expuso además confusión en el modo de difundir el cambio de cálculo para actualizar jubilaciones. El decreto es complejo en lo que hace a la transición entre el sistema impuesto en la gestión de Alberto Fernández y el ajuste por IPC.

La publicación del decreto no fue seguida por una rápida comunicación de sus alcances, que finalmente fueron explicados a lo largo del lunes. Además, fue necesario anticipar que será modificado también el decreto que fija un tope para cobrar la totalidad del bono que se mantiene para los haberes más bajos.

El otro punto colocado en la agenda por el oficialismo también fue rodeado de nuevas versiones. Se trata del anuncio de las postulaciones para integrar la Corte Suprema, a raíz de la vacante abierta hace más de dos años y la que se supone para diciembre. El punto, además de los cuestionamientos que asoman y del acuerdo muy amplio que necesitaría el oficialismo, es el reclamo creciente para garantizar al menos un lugar a una mujer.

El Ejecutivo anunció la semana pasada que impulsará las nominaciones del juez federal Ariel Lijo, para ocupar el despacho de Elena Highton -que dejó el tribunal a fines del 2021-, y del jurista Manuel García Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, a partir de diciembre, cuando cumpla la edad para jubilarse. Eso indica que no será impulsada su continuidad.

El referido reclamo sobre la postulación de una jueza o jurista para ocupar uno de los cinco asientos de la Corte se ha extendido a legisladores y entidades profesionales, más allá incluso a la nominación del juez federal. En ese contexto, trascendió que en el primer nivel de Gobierno analizan la posibilidad de impulsar el nombre de una reconocida jueza si crece la ofensiva contra la movida presidencial.