Nación presiona a más gobernadores en su ofensiva contra la Corte y vuelve a la carga por la Magistratura
Aunque todavía no realizó el llamado formal a sesiones extraordinarias, Alberto Fernández entregó al jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez; y a la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, con el que el oficialismo avanzará desde la segunda quincena de enero. Luego de haber recibido un apoyo magro de parte de los gobernadores, el Presidente y el kirchnerismo redoblan las presiones sobre los mandatarios.
El martes, Alberto Fernández recibió el acompañamiento de 11 gobernadores para la avanzada sobre el máximo tribunal: Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y, aunque sigue habiendo dudas sobre si puso su firma o fue forzada, Mariano Arcioni.
El desplante de los peronistas Sergio Uñac (San Juan), Omar Perotti (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos) generó roces internos en el Frente de Todos y duras críticas públicas de dirigentes del sector que comanda la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahora, el Presidente busca sumarlos a la jugada contra la Corte, de igual modo que a los mandatarios de fuerzas provinciales como Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), y Herrera Ahuad (Misiones), que se despegaron de la postura nacional.
El pedido de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, no tiene posibilidades de ser aprobado en el recinto de Diputados, pero el oficialismo avanzará de todos modos en las comisiones con un debate público que podría mantener el tema en agenda durante varias semanas.
Por otra parte, las tensiones que la medida genera con la oposición podrían hacer fracasar totalmente la sesiones extraordinarias en las que el Gobierno también pretenderá aprobar una serie de proyectos económicos, como el nuevo blanqueo de capitales de Sergio Massa o la moratoria previsional.
Por otra parte, no sería la única jugada del Gobierno en la ofensiva contra el Poder Judicial. El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró en las últimas horas que existen posibilidades de que el Gobierno reforme el Consejo de la Magistratura a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
«El artículo 99 de la Constitución Nacional que habla de los DNU en ningún momento impide que se pueda llevar adelante la reforma de esta manera«, dijo el funcionario K. Se trata del organismo clave encargado de seleccionar, sancionar y llegado el caso remover a los jueces, que hoy preside el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El oficialismo impulsó en el Congreso una reforma para dejar al máximo tribunal fuera del Consejo, pero jamás logró prosperar en Diputados.
