La condena de Báez suma tensiones en medio de las cargas sobre la Justicia
Definitivamente no parece una buena semana para el gobierno nacional. La condena del empresario Lázaro Báez, una de las sentencias más relevantes de la historia de las causas de corrupción, es un enorme revés para el kirchnerismo. Pero no sólo porque la condena al empresario K por lavado de dinero pone todos los ojos sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner (por el delito precedente, el origen de los fondos en la obra pública), sino porque suma tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en medio de nuevas cargas del oficialismo y del mismo presidente Alberto Fernández.
Báez fue condenado a 12 años de prisión al término del juicio oral en el que se lo investigó por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 también halló responsable a su contador Daniel Pérez Gadín; a su abogado Jorge Chueco; al «valijero» Leonardo Fariña (a quien se le redujo la pena en función de su colaboración con la investigación) y a los financistas que facilitaron el lavado, entre otros, incluido el hijo del empresario, Martín Báez, condenado a 9 años de prisión como coautor de la maniobra.
Frente a la condena, el Ejecutivo reaccionó por ahora con cautela. Sólo se pronunció el senador Oscar Parrilli, hombre de confianza de Cristina Kirchner, quien afirmó que Báez fue simplemente condenado porque es «morocho, amigo de Néstor Kirchner y no forma parte de los empresarios top”.
El Ejecutivo concentra por estas horas toda su energía en intentar superar la crisis política generada por el escándalo de la vacunación de funcionarios y amigos del poder. La línea del gobierno es limitar el fallo de ayer a una cuestión de privados, pese a que Báez haya sido socio de la familia Kirchner desde el inicio de la carrera política de Néstor Kirchner en Santa Cruz.
El fallo, sin embargo, tensa la cuerda entre el oficialismo y el Poder Judicial. La condena se produjo un día después de que el presidente Alberto Fernández, de viaje en México, cargara contra la justicia por la investigación del caso de las vacunaciones irregulares en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas, que produjo la renuncia de Ginés González García. Acusó a los fiscales y jueces de hacer «payasadas» y los mandó a investigar los supuestos casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Mauricio Macri.
El Presidente planea reimpulsar además, a partir del inicio del período de sesiones ordinarias el lunes que viene, los proyectos oficialistas que apuntan contra el Poder Judicial, como la Reforma Judicial para quitarle poder a los jueces de Comodoro Py, o la reforma del Ministerio Público Fiscal, que apunta a remover al actual Procurador de la Nación interino, Eduardo Casal. Ambos proyectos siguen congelados en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no consigue el apoyo de los legisladores aliados como el peronismo federal y el lavagnismo.
La Reforma Judicial fue el punto clave del discurso del Presidente en la apertura de sesiones del año pasado. Todo indica que reafirmaría su posición un año, una pandemia, un grave fallo judicial, y un vacunagate después.
