Expropiaciones argentinas: juicios, demandas pendientes y contratos rotos,
Además, hay demandas pendientes por al menos US$8755 millones, según un informe privado; el 98% es posterior al default de 2001
La estatización de YPF hecha por Cristina Kirchner generó una demanda contra el país
La Argentina siempre paga. A pesar de su mala reputación como pagadora, ya lleva desembolsados US$16.538 millones por expropiaciones, pesificaciones de contratos y deuda en default en tribunales internacionales, y tiene pendientes demandas por al menos US$8755 millones, un monto al que podrían añadirse unos miles de millones según cómo sigan los casos en juzgados no tan amigables para el país.
Los datos se desprenden de un estudio de la consultora Research for Traders. El informe toma al menos cinco sentencias resueltas y al menos 34 pendientes de resolución, todas en tribunales internacionales, entre 2000 y 2019, es decir, en un período inferior a 20 años.
Aunque no necesariamente en un tribunal internacional, la nacion estimó que el ingreso en Vicentin podría costarle al Estado argentino unos US$1500 millones. Es un monto casi cuatro veces inferior al famoso acuerdo con Repsol por el 51% de las acciones de YPF, aproximadamente de US$5800 millones.
Por montos menores, también hubo fallos en contra por Aerolíneas Argentinas (US$340 millones) y AySA (US$250 millones) por sentencias en el Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, una institución del Banco Mundial que dirime en estas cuestiones.
Todavía restan dos demandas más por YPF, ambas en Nueva York: la del fondo Eton Park (que tenía el 3% de YPF cuando fue estatizada) y la de Burford, que compró las quiebras de dos empresas que habían sido creadas por el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones.
Por la primera hay en juego unos US$495 millones; por la segunda, unos US$4000 millones. Son dos demandas que podrían convertirse en un problema mayor: Burford Capital, un fondo buitre, adquirió el 75 y el 70% de los derechos económicos de cada juicio, respectivamente, y estima que los montos podrían convertirse en US$2300 millones y US$9000 millones.
Con respecto a la deuda en default, la Argentina ya pagó unos US$9300 millones por fallos de la corte del Distrito Sur de Nueva York y tiene pendientes demandas por alrededor de US$642 millones, estima la consultora. Muchas de ellas en el juzgado del ya fallecido Thomas Griesa, hoy comandado por Loretta Preska.
“El 98% de estos juicios se desencadenaron con el default de 2001, pero empezaron a caer hacia 2005. Se dividen en dos grandes grupos: juicios por la deuda y por expropiaciones y nacionalizaciones”, detalla Sebastián Maril, socio de Research for Traders.
Para el especialista en temas financieros, lo que podría suceder con Vicentin en caso de que la expropiación se efectivice no necesariamente terminaría en un tribunal internacional: todo depende de si hay acreedores internacionales. En ese caso, las cuestiones comerciales y de inversiones se dirimen en los tribunales de la ley bajo la que esté emitido un determinado contrato (como sucede con los bonos soberanos ley Nueva York, por ejemplo) o en organismos que dirimen cuestiones no tan locales, como el Ciadi.
Una raya más al tigre
Más allá de lo que salga en términos cuantitativos, la decisión de expropiar Vicentin “es una raya más al tigre”, señala Fernando Marull, de la consultora FMyA. No solo podría implicar más déficit fiscal, sino que también constituiría una mala señal en un proceso de renegociación de deuda en el que los acreedores piden un sendero fiscal sustentable, apunta. “Sin ir más lejos, el análisis de sostenibilidad de la deuda de inicios de la cuarentena del ministro de Economía señalaba un 0,5% de déficit primario, y vamos a tener unos cinco puntos por encima”, dice.
“El track record que viene haciendo el Gobierno en los últimos seis meses tiene mucho que ver con el pasado, entonces uno se pregunta: ‘¿Cuál es la próxima?’”, opina.
En el mismo sentido, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, habla de un “ruido a nivel seguridad jurídica”.
“Los gobiernos siempre luchan contra las expectativas, buenas o malas, que las personas tienen de ellos o que ellos mismos generaron. Esto confirma cosas malas que en el mercado pensaban de este gobierno”, analiza.
Por ahora, a su juicio, las justificaciones no son suficientes: la empresa exporta la mayor parte de su producción y no tiene demasiado poder de formadora de precios, señala Caamaño, porque se mueve en un mercado casi transparente, con valores de las commodities. Tampoco debería ser necesaria para mejorar la oferta de divisas en este contexto de supercepo, dice.
Fuente: La Nación
