Semana corta con gobernadores en la agenda, impacto del DNU por las jubilaciones y expectativas del Congreso
El Gobierno inicia una semana corta aunque cargada de expectativas políticas, después de los cruces por el nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. De manera imprevista, fue suspendido el encuentro entre funcionarios y un grupo de gobernadores previsto para este lunes. De todos modos, habrá contactos, para tratar de avanzar con el pacto político y fiscal. El Congreso sigue con atención la marcha de esas negociaciones y a la vez se prepara para otros debates.
La semana se inicia además con la publicación del DNU que modifica el sistema de cálculo para la actualización de las jubilaciones. La decisión había sido anunciada en paralelo con los intentos de la oposición dialoguista para avanzar con el tema en la Comisión de Previsión Social de Diputados. Ya había dado esa señal con la motorización de una sesión especial que fracasó.
El Gobierno apuntaba a incluir el nuevo esquema de ajuste previsional en la negociación más amplia sobre la nueva versión de la Ley Bases. Finalmente, optó por el decreto. Las primeras reacciones opositoras cuestionaron en especial el porcentaje de empalme entre un mecanismo y otro. El PJ kirchnerista ve más limitada su posición, por el deterioro que provocó la ley sancionada en la gestión de Alberto Fernández.
Otro tema que genera expectativa y anticipa tensiones en el Congreso es el posible envío de un proyecto para modificar parcialmente la legislación vigente sobre seguridad, en el marco del enfrentamiento con el narcotráfico. Lo anunciaron Patricia Bullrich y Luis Petri y mereció cuestionamientos de Victoria Villarruel.
El punto central para el Gobierno es cerrar las negociaciones con gobernadores y jefes de los bloques legislativos sobre un pacto que debe combinar la acotada versión de la Ley Bases y un acuerdo de alivio fiscal para las provincias.
Es un tema complejo. Por lo pronto, el Gobierno pasó para después del fin de semana extra largo un encuentro de Nicolás Posse y Guillermo Francos con los jefes provinciales del PRO y sus aliados, además de algunos representantes de fuerzas provinciales. En la línea de contactos con sectores “dialoguistas”, después se concertaría una reunión con los cinco gobernadores de la UCR y con algunos del PJ.
De todos modos, mañana Francos asistiría a un plenario de los gobernadores del Norte Grande. En esa cita, confluirán jefes provinciales del peronismo despuesto al diálogo (Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo) y de la línea más confrontativa (Gildo Insfrán, Ricardo Quintela), junto a radicales (Gustavo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir) y provinciales (Hugo Passalacqua).
Menos claro es el panorama para la movida presidencial apuntada al máximo nivel de la Justicia. El Gobierno anunció la semana pasada que impulsará las nominaciones del juez federal Ariel Lijo, para ocupar el lugar de Elena Highton de Nolasco -que dejó el tribunal a fines del 2021-, y del jurista Manuel García Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, a partir de diciembre, cuando cumpla la edad para jubilarse. Eso indica que no será impulsada su continuidad.
La jugada plantea al oficialismo un verdadero desafío: tejer un amplio acuerdo porque está muy lejos de reunir el número suficiente en el Senado. La aprobación de pliegos para la Corte requiere una mayoría especial de dos tercios de los senadores al momento de la votación.
El anuncio del Ejecutivo impacta en el cuadro interno de la Corte. En medios políticos y judiciales, se destaca la cercanía de Lijo con Ricardo Lorenzetti, en minoría frente a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda.
El impulso a García Mansilla, en cambio, es explicado por las recomendaciones de allegados al Presidente y, sobre todo, de Rodolfo Barra.
