Que esperar del tratamiento exprés de la reforma de Ganancias

Advierten que deberían analizarse cuestiones sobre la progresividad y la equidad; la ley dejaría un daño fiscal y beneficiaría, entre las personas, al 5% con mejores ingresos

El proyecto de ley impulsado en medio de la campaña electoral por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, busca eximir del impuesto sobre los ingresos a la gran mayoría de los empleados cuyos salarios hoy están alcanzados por Ganancias.

Si se mira el mapa laboral de la Argentina, un país con al menos el 40% de su población bajo la línea de la pobreza y con una altísima informalidad, la medida propuesta tiene impacto en una porción de un 5% de los trabajadores, y ese 5% es el grupo de quienes perciben los ingresos más altos del país.

Para quienes tienen los mayores salarios dentro de los que quedarían liberados del tributo, la reforma que no evitará un efecto fiscal con repercusiones negativas para toda la sociedad representaría una mejora en el sueldo de bolsillo de alrededor del 40%, porque, de pagar una carga sin dudas muy elevada, pasarían al extremo de no tributar nada. Todo ello, por una política impositiva no basada en análisis ni en debates de fondo.

Sin debate

Según tributaristas y economistas, la reforma exprés se saltea debates que deberían darse, para lograr que el impuesto sobre los ingresos personales, uno de las considerados más progresivos y uno de los más usados en el mundo, se cobre en función de una correcta medición de la capacidad contributiva y sin que se generen diferencias en el trato a los contribuyentes. El problema en la Argentina, para nada menor, es que el esquema está atravesado por fuertes distorsiones, como resultado de la inflación y la consecuente suba nominal de los sueldos, y también como efecto de decisiones políticas que fueron parciales y sembraron discriminaciones.

La iniciativa de ley prevé que lo cobrado por sueldos y jubilaciones esté alcanzado por un impuesto llamado «a los mayores ingresos», si el monto de la remuneración anual supera los 180 salarios mínimos, vitales y móviles, según explica la contadora Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, Fernández Sabella, Smudt & Asociados. Hoy eso equivaldría a $21.240.000, un promedio de $1.770.000 mensuales, porque no se considera el aguinaldo.

Para quienes tengan una remuneración superior, la cifra equivalente a 180 SMVM estaría libre de la carga fiscal y sobre el excedente se tributaría según una tabla de alícuotas de entre el 27% y el 35%. No se diferenciaría el nivel de la imposición según se tengan o no familiares a cargo ni podrían hacerse deducciones por gastos, tal como pasa ahora, por ejemplo, con los pagos para el servicio doméstico o del alquiler de la vivienda.

Hay quienes no entrarían en ese nuevo esquema de un «impuesto cedular a los mayores ingresos», y seguirían alcanzados por el actual:

Se trata de quienes sean empleados del Poder Judicial, funcionarios públicos con rango de secretario de Estado en adelante, y de quienes cumplan roles de director o síndico en empresas, o sean miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas, o estén en el consejo de administración de «sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas».

Estas personas se mantendrán «en el tradicional cálculo del impuesto a las ganancias», especifica Fernández Sabella. Eso implica que sí podrían restar montos de la base imponible por gastos o por hijos a cargo, y serían alcanzados por la tabla de alícuotas que rige hoy (actualizada), en la que, si bien las alícuotas marginales van del 5% al 35%, «se produce un salto muy rápido hacia la mayor imposición».

Un debate no dado «Hacer un cambio radical a cómo está pensado Ganancias requiere de un debate serio; aprobar un proyecto en un trámite exprés es, al menos, desprolijo», señala la contadora. Y agrega que, por cómo está planteado el proyecto, se generarían desigualdades que atentarían contra la equidad.

Como la implementación está prevista a partir de 2024, el sistema arrancaría tomando como referencia el salario mínimo de enero próximo. En julio, según se explica en el mensaje enviado al Congreso junto con el proyecto, debería actualizarse el esquema según el valor del SMVM a ese mes, y se tendría que recalcular entonces el impuesto descontado durante el primer semestre. Así, la base para determinar a cuánto equivalen cada año los 180 SMVM sería el valor del salario mínimo en julio.

Es política

Para el abogado tributarista Diego Fraga, socio de Expansion Business, la finalidad del proyecto «es política». Según considera, se busca «que la oposición cargue con el costo político si no se aprueba».

Y, en caso de que se apruebe, «le provocaría un costo fiscal inmenso al nuevo gobierno, porque no se dice qué gasto público se bajará para compensar la pérdida de recaudación, y si se compensara con emisión, ya se saben los efectos en la inflación», que en agosto llegó a 124,4% en términos interanuales.

Según una estimación del Ieral de la Fundación Mediterránea, hecha sobre la base de datos de Economía, suponiendo que se mantenga constante la recaudación sobre el PBI, habría en 2024 una pérdida del 0,33% del producto de los recursos para las provincias, y de 0,24% para la Nación. Ganancias es un impuesto coparticipable y la mayor parte va a las distintas jurisdicciones.

Cómo se compensará ese efecto, si con un ajuste del gasto superior al actual, más emisión o nuevos tributos, o un mix de todo, es algo que no se resolvió.

«Hay que ver cómo se instrumentan los cambios, pero desde el punto de vista conceptual no hay razón para que no exista el impuesto a las rentas si son rentas altas señala Fraga; es mentira que el salario no es ganancia, el problema es que el impuesto se aplica en la Argentina para sueldos muy bajos y, para peor, se llega muy rápido a tributar con la alícuota más alta, por falta de actualización de los parámetros».

No ayuda

Desde el equipo del Ieral, los economistas Marcelo Capello, Laura Caullo y Azul Chincarini advierten que «las nuevas medidas eximen del pago de Ganancias a trabajadores que pertenecen al 5% de personas con mayores salarios, no ayudando a mejorar la distribución del ingreso». Según datos difundidos por Economía, dejarían de tributar unas 600.000 personas y el efecto se reflejaría, según cálculos del Ieral, en una mejora de hasta 39% en el ingreso neto y para quienes tienen remuneraciones de alrededor de $1.750.000 brutos mensuales (sin considerar las deducciones que puedan estar declarando).

Es decir, en muchos casos se pasaría de una imposición considerada excesiva a no pagar nada, aun cuando los ingresos son altos en función del mapa laboral del país. Se estima que son unos 20 millones los trabajadores, entre asalariados y cuentapropistas formales e informales.

Los economistas del Ieral señalan que los problemas que tiene el esquema de imposición, que perdió progresividad, no se solucionan con el proyecto, que «solo corre significativamente el monto de in- gresos a partir del cual se comienza a pagar» y que hace que la Argentina sea «uno de los países latinoamericanos que aplican el impuesto desde ingresos más altos».

No alcanza

Según datos aportados por el economista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Julián Folgar, basados en informes de la Cepal, con los cambios decretados para octubre el piso para tributar equivaldrá a 15 SMVM, los empleados pagarán Ganancias a partir de salarios que equivalen a tres veces el ingreso per cápita, en tanto que en países como Uruguay, Chile, Brasil y Perú los pisos no llegan a equiparar el ingreso per cápita. Luego, claro, un factor fundamental es cuánto se paga y con qué progresividad.

Medir el poder contributivo En la opinión de Martín Caranta, contador y socio de Impuestos en Lisicki, Litvin & Asociados, el problema del esquema actual no es la forma en que está concebido, sino que perdió su carácter progresivo, por los parches y por el retraso, frente a la inflación, de los valores de la tabla de alícuotas y de los montos deducibles (es decir, de los importes que se restan del ingreso imponible). Caranta cuestiona que, según el proyecto, ya no podrían deducirse familiares o gastos (salvo en los casos de excepción).

Los tributaristas hacen hincapié también en el agravamiento de la desigualdad en el trato dado a los autónomos, que tributan a partir de ingresos mucho más bajos. Esa distorsión se agravó en los últimos años y se profundizaría con la eventual aprobación del proyecto para asalariados y jubilados. Luego de las críticas sobre esa cuestión, Massa prometió que enviará una iniciativa de ley para ese grupo. «El hecho de que haya un contrato de relación de dependencia no hace a la capacidad contributiva», señala Caranta.

Aleja al tributo de captar la auténtica capacidad contributiva

En igual sentido, César Litvin, CEO del mencionado estudio contable, observa que diferenciar la situación frente al impuesto en función del rol de las personas en las empresas «aleja al tributo de captar la auténtica capacidad contributiva», algo que también ocurriría por la imposibilidad de descontar de la base imponible, para quienes queden en el impuesto cedular sobre los «mayores ingresos», montos por hijos o gastos. «El impuesto se caracteriza por ser personal, y eso significa que contempla deducciones familiares», afirma. Con el esquema propuesto, se tributaría igual con o sin hijos a cargo.

«Parecen ser más bien medidas electorales antes que soluciones efectivas», analiza Silvio Rizza, presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Rizza señala que, como los reajustes de los últimos tiempos fueron insuficientes frente a la inflación, se generó «un círculo vicioso en el que los trabajadores están atrapados por el impuesto».

Sin embargo, dice, el proyecto no solucionaría el problema. «Es fundamental considerar alternativas más amplias y efectivas para aliviar la carga tributaria «afirma».

Hace falta una reforma completa; si no, es parche sobre parche».

Fuente: La Nación