El Gobierno rechaza la decisión de la Corte Suprema y genera un conflicto de poderes sin precedentes

Luego de reunirse con gobernadores y en medio de presiones para endurecer posiciones, Alberto Fernández resolvió no acatar el fallo de la Corte Suprema que frena el recorte de fondos a la Ciudad de Buenos Aires. La mayor dureza fue reclamada por el kirchnerismo. Desde la oposición, afirman que impulsarán la apertura de una causa penal contra el Presidente. Horacio Rodríguez Larreta reclamaría al máximo tribunal que ordené medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de su resolución.

La interna volvió a moverse en el oficialismo apenas conocido el fallo de la Corte. Además de exponer duras descalificaciones de los jueces, el kichnerismo presionó para que el Presidente decidiera no cumplir con la resolución del tribunal. El Gobierno calificó como golpista la actitud de la Corte y dijo que su fallo es “político” y de “imposible cumplimiento”.  

Como resultado de ese discurso, el oficialismo decidió avanzar con una recusación de los cuatro integrantes de la Corte y reclamarle una revocatria “in extremis” de su decisión.

Juntos por el Cambio decidió condenar con firmeza la posición del Gobierno. Y evalúa impulsar una causa por sedición contra el Presidente. Es probable que el gobierno porteño reclame a la Corte que imponga medidas para hacer efectivo la nueva liquidación del fondo para la Ciudad.

Parece menos probable que el Gobierno intente bajarle el tono al conflicto

La oposición también analiza hacer un pedido a la Corte para que hago efectivo su fallo, tal vez con un embargo.

El Presidente decidió rodearse de jefes provinciales para actuar. Y con ese aval, hizo pública la “nueva ofensiva” sobre la Corte. Lo acompañaron 14 gobernadores. En cambio fueron llamativas las ausencias de los mandatarios de Santa Fe y San Luis, además, como ya es habitual, Videla.