Tras el revés con el megaproyecto, Milei lleva al máximo la tensión con jefes provinciales y en el Congreso esperan señales del Ejecutivo

Tras el naufragio de la Ley Ómnibus en el recinto durante su votación en particular, el presidente Javier Milei hizo saber que no seguirá adelante con el tratamiento del paquete de reformas tal como fue presentado, apuesta a hacerle pagar el costo político a la oposición y especialmente a los gobernadores y la Casa Rosada dejó trascender que analiza la posibilidad de avanzar vía DNU o llamar a una consulta popular.

La relación con los mandatarios provinciales se encuentra en congelada a tal punto, que desde el Gobierno no ven factible un encuentro que aglutine a todos los mandatarios en el corto plazo, e incluso decidieron suspender una reunión prevista para este martes entre Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El oficialismo decidió el martes reenviar el proyecto a comisiones -que es lo mismo que plantear su tratamiento desde cero- cuando fueron rechazaron en el recinto puntos de la reforma del Estado y se habían caído tres incisos referidos a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, que eran claves para el Gobierno. Los primeros reproches aparecieron esa misma noche, cuando el Gobierno acusó a los gobernadores por el fracaso de la ley y publicó un listado de «traidores» con los nombres de los legisladores que «votaron en contra del pueblo».

Este miércoles se incrementaron con la publicación de un tuit del presidente Javier Milei contra los legisladores dialoguistas que votaron en contra de algunos artículos. «Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política -como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios- empezó a descuartizar nuestra ley de Bases para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto», dijo Milei.

Desde la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR) llamó a «terminar con la incitación a la violencia contra el que piensa distinto» y acusó a Milei de encabezar «un operativo cargado de descalificaciones y agravios«, en referencia a las listas con los nombres de los diputados que no acompañaron la votación.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, reivindicó la actitud de su partido en el tratamiento de la ley «Bases» y consideró «sumamente injustas» las duras críticas de Milei contra la UCR, a quien además acusó de decir «barbaridades, estupideces e idioteces».

De Loredo dijo que «está cortado el diálogo» con el Gobierno, calificó las expresiones de Milei como «gravísimas en términos institucionales» y «sumamente injustas» con el radicalismo y consideró que «no avizora nada bueno para los argentinos» que el Ejecutivo plantee «una dinámica de este tipo».

También rechazaron las acusaciones el diputado y presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, quien aseguró que el Gobierno nacional busca «crear un nuevo enemigo interno a través de un relato para concentrar poder», y lamentó que traten «de traidores a quienes resguardan la independencia de poderes», en rechazo a las listas publicadas por el Gobierno con los diputados que votaron «en favor y en contra del pueblo».

Por su parte, el diputado Nicolás Massot (Hacemos Coalición Federal) aseguró que el listado difundido por el Gobierno responde a una «metodología que recuerda a épocas oscuras» y remarcó que el «traspié parlamentario es exclusivamente responsabilidad de la impericia, falta de diálogo y nula vocación para construir consenso» del oficialismo.

El bloque del PRO -que se despegó del resto de la oposición– había ratificado su compromiso «para apoyar el cambio», que quedó claro en «las jornadas de debate legislativo» en la Cámara baja, donde se trató el proyecto, y destacó la importancia de que la gestión de Milei «tenga las herramientas que necesita».

En el Ejecutivo hay quienes creen que la ley «está muerta» y ven con buenos ojos la chance de llamar a un referéndum no vinculante, con la intención de exponer a los opositores que no acompañaron la reforma. En los bloques opositores del Congreso consideran que se trata apenas de una «cortina de humo» para esconder la derrota parlamentaria y aseguran que una consulta, además de tener efectos nulos en lo práctico, demandaría un gasto enorme al Estado, difícil de justificar, pero además varios meses para ser puesta en marcha.