La «corrupción» se mete en el último tramo de la campaña y Massa hace control de daños
La corrupción, que ya había estado presente en la previa de las elecciones generales, se metió en el último tramo de la campaña rumbo al balotaje. La fiscal platense Betina Lacki pidió la detención de dos dirigentes massistas que serían socios del puntero político Julio «Chocolate» Rigau, en la causa en la que se lo investiga por el presunto cobro ilegal de sumas de dinero a través de tarjetas de débito de ñoquis de la Legislatura bonaerense. Sergio Massa pareció actuar rápido y prometió presentar en el Congreso un proyecto de Ley de Ética para supuestamente mejorar la transparencia, que entre otras iniciativas contempla que la Oficina Anticorrupción (OA) la controle un legislador de la oposición.
Los apuntados por la fiscal de La Plata son Claudio y Facundo Albini, padre e hijo, identificados como dirigentes del Frente Renovador en la capital bonaerense. Ambos están imputados por el delito de asociación ilícita. Más temprano, este martes, Lacki había solicitado la prisión preventiva de «Chocolate» Rigau, el puntero peronista que fue sorprendido sacando dinero de un cajero automático el 9 de septiembre pasado con tarjetas bancarias de empleados de la Legislatura provincial.
Una pericia sobre su teléfono celular que mostró chats los Albini. De los diálogos surge que Rigau cobraba 200 mil pesos mensuales por sacar dinero de los cajeros automáticos. «Te llevás 200 (mil) por mes hace tres años y cuando te necesito no estas. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos», le reclamó el contacto «Facu». Además, según el informe, Rigau le envió a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios.
Massa evitó pronunciarse al respecto y en su equipo de campaña descartan que el hecho vaya a afectar decisivamente sus chances electorales. Pero el ministro de Economía y candidato presidencial encabezó un encuentro con referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil: «En el marco conceptual en el que tenemos que construir esta etapa, la integridad, lucha contra la corrupción y transparencia serán parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional», prometió.
«Obviamente, vamos a impulsar la nueva Ley de Ética porque fija un piso de condiciones mínimas en cuidado en materia de transparencia y eficiencia de la cosa pública. La Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado en el Congreso de un bloque opositor porque eso es una forma de trasferir y compartir responsabilidades», agregó.
Mientras tanto, la Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra el directorio de AySA, cuya titular es Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, y contra los propietarios de la empresa Transclor SA, encabezada por Mauricio Filiberti, por los delitos de defraudación a la administración pública y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Los dirigentes del partido opositor Mariana Zuvic, Juan Calandri, y Hernán Reyes solicitaron a la Justicia que investigue una maniobra para que la empresa Transclor S.A obtenga la renovación del contrato para el suministro y operación de la planta de policloruro de aluminio (PAC), hasta el año 2028 por un monto de U$S 127 millones. Esta operación se habría realizado mediante la elaboración de un pliego confeccionado para la conveniencia de la empresa de Filiberti, que establece las condiciones para que Transclor siga siendo un proveedor privilegiado de la empresa estatal.
