Giro sobre Nicaragua: una respuesta a la «decepción» de EE.UU. que abre interrogantes en la interna oficialista
Luego de haberse abstenido de votar una condena en la OEA, los Gobiernos de la Argentina y México llamaron este lunes a consultas a sus embajadores en Nicaragua, como señal política de rechazo a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega.
La consulta es un paso previo al retiro de una delegación diplomática. La decisión fue anunciada por las administraciones de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, en una declaración conjunta en la que ambos países expresaron su «preocupación» por las «acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días, que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses».
La semana pasada, la mayoría de los Estados miembros de la OEA condenó la serie de arrestos de opositores en Nicaragua, a meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en una reunión virtual que aprobó exigir la «liberación inmediata» de los detenidos. Argentina y México no acompañaron la resolución en la OEA, al declararse en desacuerdo con «los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia».
«Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta», advirtieron Argentina y México según el texto difundido, en esa oportunidad, por Cancillería argentina.
La decisión argentina generó, además de la reacción política de la oposición a nivel local y del cuestionamiento de organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, un mensaje de Estados Unidos: el Departamento de Estado manifestó su «decepción» con la posición del gobierno de Fernández.
Pero el giro de este lunes abre un interrogante dentro del oficialismo. La posición pasiva de la Argentina frente a violaciones a los derechos humanos cometidos en países de gobiernos de izquierda, como Venezuela, es defendida por el cristinismo duro dentro de la coalición gobernante.
Pese al cambio de posición, el Gobierno recibió hoy otra reprimenda internacional. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, se refirió a la preocupación del organismo por las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en Formosa durante la implementación de las medidas frente al coronavirus. Existieron en la provincia centros de detención o de aislamiento forzado.
Hasta ahora, no había antecedentes recientes de la Argentina figurando en el informe de la ONU por violaciones de derechos humanos.
