El Gobierno quiere un Código Penal más duro con la corrupción

El nuevo Código Penal, que el Gobiernot iene interés en sancionar en el primer semestre de 2018,  prevé penas más severas para delitos de corrupción contra la administración pública.
El dato se desprende del borrador en manos del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, quien viene trabajando con un grupo de jueces, fiscales, abogados y funcionarios en un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal.
Es un comisión especial de 13 miembros creada por decreto por el Gobierno –e impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano– que planea, en febrero, terminar su ronda de consultas con la Corte Suprema de Justicia y, finalmente, una reunión con los jefes de las bancas de la Cámara de Diputados. A fines del año pasado, la comisión se reunió con los senadores Miguel Angel Pichetto y Rodolfo Urtubey, del PJ, y Federico Pinedo, del oficialismo, entre otros, para presentar los lineamientos del primer borrador. De esta forma, podría comenzar a debatirse en el Congreso como parte del temario de sesiones ordinarias cuando el presidente Mauricio Macri brinde su discurso inaugural el 1º de marzo.
Uno de los interesados en este tema fue el presidente del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien viene estudiando el borrador de manera informal aún.
Hoy el Código prevé penas relativamente bajas y excarcelables en lo que refiere a delitos de corrupción. Por ejemplo, malversación de caudales públicos (apenas de un mes a tres años), enriquecimiento ilícito (por el cual está detenido Boudou), cohecho (coimas), o negociaciones incompatibles con la función pública (prevé de uno a seis años de prisión). Por ello, en el anteproyecto, se elevan las penas de los “delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos”, de tres a diez años (en la escala penal actual es de uno a seis años de prisión), con posibilidad de elevarlas aun más, de entre cuatro y doce años,  cuando el autor de los delitos fuera el Presidente o funcionarios de primera línea.
Fuente Perfil