El 40% de la cuota de colegios podrá descontarse de ganancias
Cambios en el proyecto de presupuesto
Fue un pedido de la oposición. Se podrá deducir hasta ese porcentaje del gasto en educación de la familia.
Pese a algunos tironeos por partidas y ajuste, el Frente de Todos accedió a realizar varias modificaciones reclamadas por la oposición en el proyecto del Presupuesto 2023, para la sesión que ayer mismo fue convocada para el próximo martes a las 12.30 y se estima, podría durar alrededor de 20 horas.
En lo que tiene que ver con la facultad de incrementar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, el oficialismo confirmó la incorporación de un artículo para establecer una deducción de hasta el 40 % de los gastos educativos que tiene la familia, que incluyen las cuotas de los colegios privados, una propuesta que impulsó Emiliano Yacobitti y que promocionó Martín Tetaz (Evolución Radical).
«La educación forma parte de una inversión previa y esta medida es un alivio para las familias cuando los precios han ido aumentado por encima de los salarios», dijo Danya Tavela (Evolución Radical).
Según explicaron, la intención de la propuesta es que se incluya todos los gastos escolares, desde la cuota del colegio privado, hasta, por ejemplo, la cuota de un instituto de inglés, un curso de computación o la compra de un libro. Sin embargo, todos esos detalles quedarán establecidos en la reglamentación de la norma.
La propuesta de Tetaz había sido que se pudiera deducir cualquier gastos en educación hasta 50 mil pesos por mes, monto expresado en Uvas para que tenga actualización permanente.
Gasto en educación
El oficialismo accedió, pero expresado como porcentaje del gasto en educación, no como monto.
La otra novedad fue sin duda la inclusión de un artículo para cobrarle a las obras sociales y prepagas un 15 % sobre el total que los trabajadores pagan de diferencial por los planes especiales de salud. La propuesta fue del diputado Sergio Palazzo, jefe del gremio La Bancaria, y desde la oposición alertaron que el oficialismo está creando un nuevo impuesto y lo pagará la gente.
Tal como anticipó este diario, el oficialismo accedió a incorporar la denominada cláusula gatillo y se estableció que si al finalizar el segundo cuatrimestre del ejercicio, al 31 de agosto de 2023, la tasa de inflación interanual superara en 10 % la meta establecida (de 60%) o si los ingresos del sector público están un 10 % por encima de lo previsto para el periodo acumulado, el Gobierno enviará una Ley Complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos.
El pedido debe enviarse durante septiembre, mes en que se presenta el proyecto de Presupuesto para el año siguiente, y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Ejecutivo ampliar el presupuesto por DNU en ese lapso.
Control y garantías
También se acordó que las provincias y los municipios, como titulares del servicio público de distribución de energía eléctrica, controlarán y garantizarán el cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía.
Los distritos tendrán 6 meses para regularizar las deudas que tienen con la mayorista de electricidad CAMMESA con la posibilidad de acceder a un plan de 96 cuotas mensuales, mientras que la secretaria de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito.
Si las provincias no cumplen con saldar lo adeudado, el ministerio de Economía podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias, la suma adeudada por consumos sin afectar la coparticipación federal.
Fondo de compensación del transporte publico
Además se avanzó con la prórroga del fondo de compensación del transporte público de pasajeros para el interior que fue elevado de $ 66.000 millones, que figuraba en el proyecto original, a $ 85.000 millones como piso.
Pero la tensión está puesta en lo que adeuda este año el Estado nacional, ya que se estima que a octubre giró a las provincias $ 36.000 millones de los $ 46.000 que había asignado y a esto se agrega que la oposición reclama que se apruebe el proyecto que aumenta el subsidio a unos $ 59.500 millones. La semana que viene habrá un paro de la UTA en el interior, por 72 horas, y legisladores del interior advierten que se terminaron los fondos para hacer frente a la paritaria del sector.
Fuente: Clarín
