El 23,5% del sueldo se destina a pagar servicios públicos

Un informe de la Universidad de Avellaneda señala que el proceso de “recomposición” del precio de los servicios públicos fue el más abrupto de la historia argentina; y que la incidencia del costo tarifario en el sueldo, pasó del 6% al 23,5% en dos años.

El crecimiento desde 2016 hasta la fecha, posiciona al país sólo por detrás de Venezuela (36,5%) de peso sobre el SMVM y de Chile (24,9%), en términos de impacto tarifario. Pero eso no es todo, en el mismo período, fue el que mayor aumento verificó en términos de carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo.

El informe destaca que, partiendo de un costo tarifario ínfimo, resultado de la decisión de subsidiar a los segmentos socioeconómicos medios y bajos, se migró a un esquema de liberalización tarifaria, y convergencia acelerada a precios de mercado. Además, agrega que el nuevo esquema redundó en una notable transferencia de recursos. Dicho ahorro, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas.

Igualmente, lejos de haberse agotado en los primeros dos años de la nueva administración, el proceso de “sinceramiento” tarifario siguió su curso durante 2018. Al significativo aumento en servicios del hogar, se agregó la fuerte suba en transporte público urbano. “Es así como, en términos agregados, la previsión presupuestaria marca una disminución del peso de los subsidios económicos en 2018. Según la nueva Ley de Presupuesto, se pasará de un peso del 2,2% sobre el PBI en 2018 a un 1,6% para el próximo año”, remarca el documento.

Para tener una mejor idea de la situación, Undav analiza la evolución del costo tarifario en el país, y expone una comparativa regional para examinar la estructura tarifaria en otros países de la región.  Del mismo se desprende que Argentina verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados promedio del 2.057% en gas natural, de 1491% en energía eléctrica y de casi un 1.000% en el servicio de agua potable. Asimismo, en materia de transporte, se tienen aumentos del 677% en peajes, 375% en el boleto del tren, 332% en colectivos de corta distancia y un 177% en subtes, para el acumulado trianual. A eso queda sumarle tarifas de determinación o regulación estatal como el ABL (+135%) o las prepagas (+157%).

“Estudiando la evolución del peso de los principales servicios públicos (energía eléctrica, gas de red y agua potable) sobre el salario mínimo, se encuentra un incremento acumulado de 17,2 puntos porcentuales en los últimos tres años”, resalta el informe.

El estudio concluye remarcando que en última instancia la política tarifaria, permite reducir los gastos estatales en subsidios pero al no poner un tope en los precios que las distribuidoras determinan para los usuarios finales, implica que las ganancias en dólares de dichas compañías terminen siendo soportadas tanto por toda la cadena productiva argentina como por las familias, que ven como sus ingresos salariales y no salariales se reducen lo que las lleva a sustituir consumos para poder pagar un servicio esencial como lo es el gas natural y la electricidad.