Rodríguez Larreta va a la Corte: endurece el discurso contra el Presidente pero se planta en el centro político

Horacio Rodríguez Larreta respondió la decisión presidencial de recortarle fondos a la Ciudad con un recurso ante la Corte Suprema. Además, contestó en el terreno político y expresó un discurso duro pero sin salirse del lugar de dirigente moderado, con la bandera del consenso. Buscó a la vez un camino para frenar la poda de coparticipación y afirmarse como referente opositor.

El jefe de Gobierno porteño hizo una puesta en escena muy cuidada para pronunciarse frente al sorpresivo anuncio presidencial que se montó sobre el desafío de la protesta de la policía bonaerense.

Rodríguez Larreta buscó dejar en claro que no hubo negociación sobre el recorte, un tema que en rigor había quedado congelado con el inicio de la cuarentena. Precisamente, además de confirmar el desaire presidencial de mandarle un mensaje apenas un par de minutos antes de la conferencia de prensa en Olivos, destacó que le quitan fondos en medio de las necesidades que plantean la pandemia y la agudización de la crisis socioeconómica.

Alberto Fernández había buscado presentar su decisión como un paso para generar equidad en materia federal. Desde el ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Wado de Pedro, se recolectó el apoyo de la mayoría de los gobernadores del PJ y de sus aliados.

La nota de apoyo al recorte de fondos de coparticipación para la Capital no fue firmada por los tres jefes provinciales de la UCR (el mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés) y tampoco por el peronista cordobés Juan Schiaretti. Ese es un dato político significativo, porque sumar Córdoba era un objetivo estratégico inicial del Presidente.

Además del conflicto político, la poda de fondos dispuesta por el Presidente con el argumento de atender la demanda policial abre la posibilidad de diferentes conflictos y reclamos.

En la provincia de Buenos Aires, aparecen reclamos salariales de diferentes gremios estatales. Varios gobernadores están inquietos por la posibilidad de conflictos policiales propios. Y la disputa con la Ciudad acaba de judicializarse.