Definen procesamiento de dos empresarios
La justicia derfine en las próximas horas por el expediente que investiga irregularidades en la construcción de una planta potabilizadora de agua de AySA en Tigre y otra planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui.
Los empresarios Benito Roggio y Carlos Wagner intentaron desligarse del caso diciendo que la firma brasileña era la que tenía contactos con el gobierno.
El juez Sebastián Casanello fue quien citó a indagatoria a ambos empresarios el año pasado imputados, junto a ex directivos de AySa, de los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación al Estado. Después de las 28 indagatorias que se tomaron, dos de los principales empresario del rubro, Carlos Wagner ( Esuco) y Aldo Benito Roggio (BRH) señalaron que las reuniones y el contacto con los funcionarios nacionales, eran tarea exclusiva de Odebrecht. Se trata de dos plantas potabilizadoras que fueron adjudicadas a los consorcios encabezados por la firma brasileña. En la etapa de evaluación de la situación procesal de los involucrados en el expediente, los argumentos que apuntaron hacia Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina para obtener obra pública, no serían suficientes para deslindar las responsabilidades imputadas en la causa.
Según publica hoy Clarín en un artículo firmado por Daniel Santoro, la mayoría de los indagados señalaron que quienes encaraban las reuniones con funcionarios, o estaban al tanto de las modificaciones en las obras y sus costos “era la empresa Odebrecht”. No fue llamativo para la justicia, “es la firma que declaró haber pagado sobornos y cuyo dueño se encuentra detenido”, explicaron fuentes de la causa.
El consorcio con Odebrecht se constituyó por que “Benito Roggio no contaba con antecedentes y expericencia en obras de la envergadura que se licitaba algo que suplía holgadamente” la firma brasileña.
Así, se excusaron diciendo que sólo fueron representantes de UTE y desde la firma Roggio indicaron que “la relación y contacto directo entre la UTE y el comitente AySa, fue llevada a cabo exclusivamente por Odebrecht, en su condición de socio mayoritario”. Señaló también que Aldo Roggio “no es Ejecutivo” y que sus tareas se encuentran “lejos del trabajo diario”.
En el caso de Carlos Wagner en un escrito de 54 páginas, señaló que todo responde a un “impulso mediático” respecto a su participación de Esuco. Señaló que la firma “quedó excluida de toda gestión” para acceder al financiamiento brasileño y que el mismo, dado por el BNDES “era sólo para empresas de Brasil”. Y que estuvieron “ajenos a las cartas de intención” para obtener el dinero, que son cuestionadas en la causa. Ese financiamiento fue la puerta de entrada para Odebrecht.
Las obras cuestionada son dos. Paraná de Las Palmas (Tigre), adjudicada a Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellones Construcciones y Supercemento en UTE, por un 25% más alto que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.200 millones. Con retrasos permanentes en la construcción (más de 60 meses), ese costo se incrementó un 78%. Y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Berazategui, adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco SA; licitada por 324 millones de pesos en 2007, y adjudicada por un monto superior, 481.764.394 pesos, indica Clarín
