El Gobierno oficializó un nuevo dólar soja 

El Gobierno oficializó un nuevo dólar soja 

A diferencia de los anteriores programas, no hay una cotización fija, sino que los exportadores tendrán la libre disponibilidad del 25% de las divisas hasta fines de este mes

Con el rechazo del ruralismo y críticas de los exportadores, fue oficializada ayer en el Boletín Oficial una nueva versión del dólar soja por septiembre diferente de las tres ediciones anteriores, anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, hace casi diez días.

A través del decreto 443/2023, se fijaron las condiciones del esquema que estará vigente hasta el 30 de este mes, por el que el Gobierno espera una liquidación de divisas por US$2500 millones. Según se detalló, el 75% del contravalor de la exportación de las mercaderías que sean objeto de adhesión al programa deberá ingresarse en el país en divisas y negociarse a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), en tanto que el 25% restante será de libre disponibilidad.

Exportaciones

En la agroexportación contemplaron el esquema compuesto por un mix en el precio entre el 75% al tipo de cambio oficial mayorista, que estará fijo a $350 hasta después de las elecciones generales, y el 25% restante, por ejemplo, al contado con liquidación (CCL), dentro del Programa Incremento Exportador (PIE). Como resultado de este mix, el precio rondaría entre los $420 y los $450 por dólar.

En tanto, en otro de los artículos del decreto se estipuló que aquellos que adhieran al programa deberán liquidar las divisas hasta el 30 de este mes, «incluidos los supuestos de prefinanciación y/o posfinanciación de exportaciones del exterior o un anticipo de liquidación».

En ese sentido, la norma estableció que los exportadores pagarán las retenciones una mitad en adelanto y otra parte a través de un certificado.

«Deberán abonar una suma en concepto de adelanto, considerando la mitad del porcentaje previsto en el artículo 4º del decreto N° 1177 del 10 de julio de 1992 conforme la mercadería de que se trate, en un plazo que no podrá superar el 28 de septiembre de 2023 inclusive, considerando como base imponible el monto que surja de las divisas ingresadas y negociadas a través del MLC de conformidad con lo indicado en el artículo 4º de este decreto», precisó.

Ciara-CEC

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron en un comunicado que no se está «frente a un típico programa exportador como las versiones anteriores» y que cada empresa decidirá individualmente si ingresa al esquema y de qué manera operará.

En esa línea, agregaron que «cada exportador tomará esa decisión sobre la base de sus necesidades de molienda y/o del programa de exportación de soja y subproductos de la soja de origen argentina». Explicaron que por esta razón no emitirán «análisis o datos», en referencia a que con las anteriores versiones daban información detallada sobre las liquidaciones de divisas y las ventas.

Ciara-CEC expresó «que la mejor política es la unificación cambiaria y la eliminación de todo tipo de restricciones para que podamos ser realmente un país agroexportador, que piensa en el beneficio integral y de cada uno de los sectores que conforman una gran cadena».

Según los exportadores, «pensar y ejecutar una política exportadora inclusiva y federal, además de generar mayores ingresos de divisas y más empleo, nos permitirá consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos, biodiésel y tecnología», señalaron.

Esperando medidas

A su vez, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que los productores siguen «esperando medidas que beneficien de manera integral a todo el sector y no en beneficio de unos y detrimento de otros».

El dirigente añadió: «Esperemos que el mercado se normalice porque hace una semana que está paralizado y los productores necesitamos tener precios de referencia.

Desde la Sociedad Rural insistimos en que nuestra economía necesita contar con un único tipo de cambio sin restricciones ni derechos de exportación».

La referencia de Pino a la «paralización del mercado» es porque luego de que Massa anunció, el domingo 26 de agosto, las nuevas medidas para el sector, el martes pasado, en una conferencia de prensa, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, puso un manto de confusión e incertidumbre cuando señaló que el 25% de las divisas obtenidas por la industria exportadora en septiembre no podría aplicarse para la compra de soja local, sino solo para pagar importaciones de la oleaginosa. Inmediatamente, esto paralizó los mercados locales hasta ayer cuando finalmente se revela ron los pormenores de la medida.

A su vez, Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), expresó:

«Lo que nosotros necesitamos y en lo que venimos insistiendo desde hace mucho tiempo es justamente en que no ocurran este tipo de decisiones absolutamente unilaterales por parte del Gobierno, que dispone quién, cuándo, cuánto tiempo y a qué valor de tipo de cambio el campo puede comercializar su producción. Necesitamos un mercado libre como sucede en los países vecinos, sin intervenciones que generan beneficios para algunos, sin regulaciones distorsivas, sin prohibiciones de comercialización, con unificación del tipo de cambio y la eliminación de las retenciones», agregó.

Por su parte, Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), señaló que las diferentes versiones de dólares que implementó el Gobierno nunca fueron compartidas en absoluto por las entidades que representan a los productores, porque obedecen a «manotear divisas generadas por los granos, en connivencia con los exportadores».

«Son acuerdos a espaldas de los productores, que son los que generan los bienes exportables. Son medidas coyunturales sin pensar en el largo plazo; son parches que destruyen el mercado, con efecto negativo directo contra otras cadenas productivas, como el tambo y los feedlots. Esto no es inocuo», dijo.

En esa línea, el nuevo presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Patricio Kilmurray, dijo que esto demuestra la «desesperación» del Gobierno por divisas.

Políticas estables

«Este gobierno no entiende que el campo quiere políticas estables a largo plazo. Es el cuarto parche solo para tener un beneficio de ingreso de divisas», aseguró el dirigente y productor agropecuario oriundo de La Carlota.

Riesgos Respecto del tipo de cambio en el que quedaría la soja, David Miazzo, economista jefe de la Fundación para el Desarrollo Agropecuario (FADA), explicó que «haciendo el 75% por los $350 del tipo de cambio oficial y 25% por estos cerca de $700, que es el CCL, ahí da ese tipo de cambio ponderado de unos $440, que incluso puede ser superior y llegar a los $450 por dólar soja, que sería el nuevo dólar soja».

En tanto, Ernesto Ambrosetti, economista y consultor en agronegocios, sostuvo que la medida conlleva riesgos financieros muy elevados, ya que permite cerrar operaciones a un año vista, por eso es voluntaria.

«Distorsiona la competencia entre los exportadores y la transparencia del mercado a pesar de alguna mejora del precio al productor. Esta medida, que se diferencia fuertemente de los programas previos, conlleva elevados riesgos financieros al permitir cerrar operaciones a un año vista. Al ser una adhesión voluntaria genera desigualdad de competencia entre los exportadores y la pérdida de transparencia de los mercados», afirmó.

Fuente: La Nación