Detuvieron a siete funcionarios de AFIP y a un empresario, por vender datos del blanqueo

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de siete funcionarios de la AFIP, un empresario de la firma Reportes Online, un supuesto agente de bolsa y dos empleados de ADS, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales. Fuentes del caso informaron que los detenidos son Martín del Cuadro, Waldo Gil Roldán, Alejandro Aducci, Daniel Courmanian y Pablo Degano.
El magistrado, que además ordenó unos 50 allanamientos, tiene previsto indagar este sábado en los tribunales de Comodoro Py a los siete empleados de la AFIP,  acusados por la filtración.
La investigación que demandó al menos cinco meses, contó con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP, con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia y de la UTN, e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos. Y mediante la cual, el magistrado pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la AFIP que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.
Los empleados de la AFIP supuestamente involucrados en la maniobra, en su mayoría del área de informática y sistemas, «habrían desarrollado aplicaciones que les permitían ingresar a las bases de datos del organismo de forma remota y así filtrar información sin ser detectados», remarcaron fuentes con acceso a la causa.
La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12 reveló que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.
Desde la Unión del Personal Superior de la AFIP, su secretario General, Julio Estévez, puso en duda que esta banda fuera la responsable de la filtración del blanqueo. La organización «respondería a otro tipo de posibles ilícitos vinculados a la venta de compensaciones inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo terminará de definir la Justicia».
A partir del trabajo en conjunto del personal Jerárquico de la AFIP y la AFI «se logró encontrar lo que sin duda es solo la punta del iceberg de una práctica repugnante en la repartición: el uso político de la información confidencial», dijo el dirigente gremial.
Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Pero en el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación.