Multas al Santander, BBVA y Supervielle por $ 15 M
La Secretaría de Comercio Interior sancionó con multas por $ 10 millones a los bancos Santander y BBVA.
Por su responsabilidad en la protección de las usuarias y usuarios frente a estafas o fraudes bancarios.
Y también multó en $ 5 millones al Banco Supervielle por cláusulas abusivas.
En lo que va del año, las multas a bancos y fintech, por incumplimientos con los usuarios acumulan $ 28,16 millones.
Cifra que representa un 319% más que los $ 6.720.500 de todo 2020.
Es decir que en un semestre se cuadruplicó el monto de sanciones del año pasado.
Así informó a Télam la dependencia que conduce Paula Español.
Al tiempo que precisó que las multas se aplicaron a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
Al respecto, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo determinó las multas al Santander y al BBVA.
Porque «incumplieron su obligación de garantizar la seguridad en cuanto a la protección de datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes».
«Frente a situaciones de vulneración de datos personales y estafas dentro del sistema financiero, los bancos fueron sancionados”.
“Por no asumir la responsabilidad que les merece frente a sus usuarios y usuarias», indicó el organismo.
BBVA y Santander recibieron la sanción máxima de $ 5 millones, respectivamente, establecida por la Ley de Defensa del Consumidor.
En tanto que la sanción al Supervielle fue por «incumplimiento a la obligación de informar”.
“Ya que la entidad bancaria no brindó mecanismos a las y los consumidores para comunicarse, consultar o reclamar «.
La multa también se aplica «por no prestar el servicio en las condiciones y modalidades en las que se convino”.
“Al debitarse de las cuentas sueldo y de la seguridad social de sus clientes sumas de dinero en concepto de seguros y servicios de cobertura no solicitados”.
“Así como también por cobrar sumas de dinero en concepto de mantenimiento de cuenta».
Además, el banco fue sancionado «por debitar cargos no convenidos a las y los consumidores obligándolos a pronunciarse por la negativa para evitar su cobro».
