Más recortes: educación, salud, producción, obras públicas y transporte
El ministro comenzó a recortar el gasto y, según informó el ministerio, absorbió caja sobrante por $210.000 millones; reducen partidas para áreas sensibles; aumentó su propio gasto corriente
El ministro de Economía, Sergio Massa, comenzó a mostrar su capital político para avanzar con el recorte del gasto del Estado, uno de los pilares de su gestión para bajar la inflación y estabilizar. Según confirmaron fuentes del Palacio de Hacienda ayer por la mañana, absorbió caja sobrante de varios ministerios por $210.000 millones. Fuentes privadas, en cambio, estimaron el ajuste en unos $148.000 millones.
En este sentido, en la primera modificación que aplica al presupuesto nacional, el Tesoro dispuso ayer un ajuste en los créditos vigentes (el dinero que pueden gastar) de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat, y recortó el dinero disponible para las provincias.
Partidas a empresas
En la vereda de enfrente, Economía amplió las partidas de empresas públicas en $60.000 millones. El resultado de todas las modificaciones dispuestas ayer implica un ahorro para el Estado, según estimaron especialistas que trabajan en el sector privado. En particular, Massa redujo en casi $50.000 millones el gasto de capital (obra pública) previsto para provincias y municipios para lo que resta del año, según la decisión administrativa 826/2022 publicada en el Boletín Oficial.
Unos $20.000 millones de ese recorte, a su vez, figuraban bajo el presupuesto asignado al Ministerio de Educación que iba a ser transferido a las provincias. Por caso, el Ministerio de Economía redujo en $15.000 millones lo asignado al programa «Fortalecimiento edilicio de jardines infantiles», según la decisión administrativa 826, firmada por Massa y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Dentro de Educación, el Tesoro también determinó un recorte de $50.000 millones para el programa Conectar Igualdad, que fue creado en 2010 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, con el objetivo de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas. Según explicaron en el equipo de Massa, Educación no llegaba a licitar la totalidad de las computadoras y por eso cedió ese presupuesto.
En total, el Ministerio de Economía redujo en $70.000 millones las partidas a la cartera que dirige Jaime Perczyk, ya que también recortó en $5000 millones una asignada originalmente a «infraestructura y equipamiento» para Educación.
Reducción de presupuesto
En menor medida, el Gobierno redujo el presupuesto para el Ministerio de Salud en $10.000 millones, una partida que estaba destinada a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, bajo el Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.
En el entorno de Massa dijeron que ese dinero estaba destinado a comprar vacunas Sputnik a Rusia.
El ex-Ministerio de Desarrollo Productivo, que ahora es una secretaría que depende de Economía, tuvo un ajuste también en su presupuesto de $70.000 millones. En detalle, se le recortaron en $62.200 millones las transferencias que el Tesoro tenía previstas a los fondos fiduciarios Fondo de Garantías Argentino (Fogar) y Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), entre otros. Lo curioso es que se trata de dos fondos cuyo fiduciario (el que administra el dinero) era el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que presidía José Ignacio de Mendiguren, pero que renunció para asumir como secretario de Desarrollo Productivo.
El Tesoro también recortó en $50.000 millones las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En particular, el ajuste recayó en el programa Procrear.
Finalmente, Economía también realizó un ajuste en las partidas presupuestarias para el Ministerio de Transporte, en $10.000 millones, y el de Obras Públicas, en $20.000 millones. El recorte en Transporte afecta al Ferrocarril General Roca ($75 millones), a la construcción de una torre de control aéreo ($225 millones), a las políticas de Movilidad Integral de Transporte ($7000 millones) y al Transporte Fluvial y Marítimo ($2700 millones). El ajuste en Obras Públicas, en tanto, alcanza a la Infraestructura Penitenciaria ($4000 millones) y al Desarrollo de Infraestructura Ambiental ($1500 millones), entre otros.
Menos transferencias
No todas las modificaciones presupuestarias aprobadas ayer estuvieron destinadas a reducir el gasto.
El Tesoro determinó un incremento presupuestario para sus propias obligaciones de gasto corriente en $82.000 millones. En detalle, se ampliaron en $60.000 millones las partidas a las empresas estatales y $22.000 millones para asistencia al personal. «El ahorro total del Tesoro para el ajuste en las partidas presupuestarias es de $148.000 millones, que equivale a casi 0,2% del PBI.
Una parte importante de ese total, $113.700 millones, es un ajuste de transferencias a fondos fiduciarios, que igual seguirán operando con la recaudación destinada a través de los impuestos asignados o con ahorros propios. Lo que es interesante analizar es que Economía reduce el gasto en capital, pero aumenta el gasto corriente», dice Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.
Tanto Massa como su antecesora en el cargo Silvina Batakis habían hecho hincapié en que las provincias tenían sus cuentas fiscales más ordenadas y dieron a entender que parte del ajuste pasaría por reducir las transferencias a los gobernadores.
A su vez, Massa y Batakis también coincidieron en destacar que varios organismos públicos (incluidos los fideicomisos) tenían ahorros en plazos fijos y que no necesitaban de tantas transferencias del Tesoro.
Defensa del blanqueo para la construcción
Después de que el Gobierno extendió el régimen de blanqueo para la construcción, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que el primer desafío de esta iniciativa es «transformar el ahorro dormido, que muchas veces no está blanqueado frente al fisco, en inversión y trabajo». Además, afirmó que se propuso «un año de trabajo» junto a ahorristas, desarrolladores, la Cámara de la Construcción, los empleados y los gobiernos locales. También fijó una meta: para cuando termine la extensión del blanqueo haber elevado los 430.000 trabajadores registrados hoy en la construcción a 450.000, y que haya más de un millón y medio de metros cuadrados construidos en cada jurisdicción. «Es más fácil ahorrar en valor ladrillo que andar pasando de generación en generación operaciones financieras», concluyó.
Fuente: La Nación
