Luz roja sobre la situación fiscal de las provincias
Las turbulencias financieras de los últimos meses ponen en duda el cumplimiento de las metas comprometidas en el Pacto Fiscal que el Gobierno firmó en noviembre pasado con las provincias.
En vistas del nuevo escenario económico, con un ajuste más severo previsto tras el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), varias provincias solicitaron modificar y revisar el Pacto Fiscal firmado el año pasado con la Casa Rosada. Los gobernadores argumentaron que el país «cambió» desde noviembre del año pasado.
Sin embargo, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, envió ayer un claro mensaje al grupo de gobernadores justicialistas: el Pacto Fiscal no será modificado para retrasar el calendario de reducción de impuestos provinciales.
En este contexto, el gobierno nacional parece haber encontrado respaldo internacional para intentar ponerle un freno a la pretensión de los gobernadores. Un informe reciente de la agencia calificadora de riesgo Moody’s considera «positivo en términos crediticios si el Gobierno hace cumplir la nueva ley (de Pacto Fiscal) de una forma más creíble y consistente durante los próximos 3 a 5 años».
Así, la firma con casa central en Nueva York se sumó a la discusión que se está dando entre los gobernadores (principalmente peronistas)
La agencia destacó una serie de puntos que generarán a las provincias erogaciones que pondrán presión sobre las cuentas:
- mayores costos salariales debido a la inflación
- mayores cargas de deuda tras haber aumentado su exposición a los mercados de capitales en los últimos dos años
En el trabajo de Moody’s también ingresa el factor electoral de 2019. A la inflación, servicios de deuda y costo laboral, observa que «las presiones sobre el gasto de cara a las elecciones generales de 2019 pueden dificultar que las provincias cumplan con la nueva ley».
(Con información de Ámbito Financiero)
