Los gobernadores se quejan por el costo fiscal de las medidas

Por los anuncios, las provincias dejarán de recibir 29.654 millones de pesos hasta fin de año. Así surge de un informe de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integran los ministros de Economía y Hacienda de todas las provincias y la Nación, y al que accedió LA NACION. El monto equivale al 57 por ciento del costo fiscal total de las medidas, que los jefes de Hacienda calcularon en 51.800 millones de pesos.

Siempre según el documento del CFI, la Nación perderá el 35,03 por ciento de ese total, $18.146 millones, y el resto se reparte entre la seguridad social, el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la AFIP. Una aclaración importante: el cálculo de las provincias no incluye el impacto de la eliminación del IVA para 14 alimentos que Macri anunció anteayer. Esa medida adicional también impactará en las arcas provinciales porque el IVA se coparticipa.

Como contracara, el informe aclara que “con las medidas anunciadas […] se verá incrementado el ingreso de bolsillo, lo cual podría generar un incremento del consumo y, consecuentemente, un incremento de la recaudación del IVA que se coparticipa en un 89%”.

Por otra parte, el documento del CFI contiene el detalle del impacto fiscal del resto de las medidas: la suba del piso del impuesto a las ganancias, la devolución de impuestos ya pagados, la reducción de los anticipos para autónomos y la bonificación para monotributistas.

De acuerdo con ese detalle, por ejemplo, el costo total de subir un 20 por ciento el piso de Ganancias es de $40.000 millones. De ese total, las provincias “aportarán”, dejarán de percibir, en realidad, $22.800 millones. El impuesto a las ganancias se coparticpa en su totalidad. De lo recaudado por el monotributo, en tanto, las provincias reciben el 30 por ciento.

El desagregado del impacto por provincia muestra que las más afectadas son Buenos Aires, que dejará de percibir $6045 millones; Santa Fe, $2535 millones; Córdoba, $2518 millones, y la ciudad de Buenos Aires, con $1655 millones.

Más allá de los números, los anuncios oficiales volvieron a generar malestar entre los gobernadores porque, afirman, nadie del Gobierno consultó las medidas con ellos. Tampoco les anticiparon los anuncios ni su impacto fiscal una vez que estuvieron definidos, según dijeron a LA NACION allegados a cuatro mandatarios. “No sabíamos absolutamente nada. Nos enteramos por los diarios. Una vez más”, se quejó uno de ellos. Fuentes oficiales, en tanto, se limitaron a decir que las medidas “las decidió el gabinete económico”.

“Desde las finanzas públicas es un golpe realmente duro el que han generado este proceso de devaluación y después las medidas inconsultas. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que darle un alivio a la población, pero no sobre la base del desfinanciamiento de los Estados provinciales”, dijo Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos.

Más allá de las decisiones del Gobierno que golpean directamente las finanzas de las provincias, hay otra medida que obligó a varios gobernadores a mover fichas: el pago de un bono de $5000 a los empleados de la administración pública nacional, las Fuerzas Armadas y de seguridad federales por única vez y como suma no remunerativa, es decir, por fuera del salario en blanco. Según calculó la Casa Rosada, ese beneficio alcanza a unas 400.000 personas.

Lógicamente, el reclamo para recibir el mismo beneficio no tardó en hacerse oír en las provincias. La mayoría de los gobernadores ya avisaron que no habrá sumas extras y que, en cambio, se seguirá el modelo de cláusula gatillo con el que la mayoría cerró las paritarias con los estatales provinciales este año.

“Todos los empleados tienen la certeza de que su capacidad de compra está intacta. Si la inflación sube, se les paga”, aseguró en esa línea el ministro del Economía de Mendoza, Lisandro Nieri.

LA NACIÓN