FMI: Fijarían limitaciones para la moratoria previsional

El organismo advierte que se debe reducir el efecto fiscal, y un informe de su staff señala que la reglamentación restringiría el acceso; qué dicen las normas ya aprobadas

El último informe del staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la Argentina describe qué medidas podría tomar el Gobierno –según las conversaciones mantenidas con funcionarios– para reducir los efectos negativos en las cuentas públicas de uno de los planes más sensibles que tendrán protagonismo en los próximos meses: la moratoria previsional. La ley de “pago de deuda” de aportes jubilatorios fue aprobada por el Congreso, tras el impulso que le dio el kirchnerismo, el 28 de febrero último y tiene un costo fiscal que el Fondo pide “mitigar”.

El informe que el staff presentó al directorio ejecutivo dedica, en la sección sobre las discusiones de políticas con el Gobierno, un párrafo completo a la moratoria. Allí se puntualiza que “contener y compensar” el impacto fiscal de la medida será fundamental para sostener el sendero de ajuste de las cuentas públicas comprometido en el programa, que para este año prevé un déficit fiscal primario equivalente al 1,9% del producto bruto interno (PBI).

Medidas para el ahorro

“Se están realizando esfuerzos –indica el escrito– para emitir un decreto y reglamentaciones que orienten la moratoria a quienes tengan mayor necesidad. Estas medidas, que podrían derivar en ahorros de alrededor del 0,2% del PBI, buscarían: (i) garantizar una fuerte verificación de recursos [de los solicitantes], basada en [el análisis de] ingresos y riqueza; (ii) aumentar las deducciones [los descuentos por las cuotas] de las pensiones (…), y (iii) permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no reciban otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”.

El Gobierno publicó el viernes último en el Boletín Oficial, justo antes de la reunión del board en la cual se aprobó la última revisión del programa y se liberó un nuevo giro por US$5400 millones, el decreto 173, reglamentario de la ley 27.705, de “pago de deuda previsional”. Ahora, quedó en manos de la Anses, tal como informó ayer y por delegación de la ley, la definición de qué ingresos, bienes y gastos podrán tener las personas para acceder a un plan de pago de hasta 120 cuotas de lo declarado como deuda con el Estado por los aportes no hechos. Ello, más allá de que puedan existir también algunas otras reglamentaciones de “letra chica”.

En sentido contrario

De todas maneras, el reciente decreto especifica que incluso quienes no logren pasar el examen socioeconómico podrán adherir al programa para lograr el pago de haberes mensuales, aunque en ese caso haciendo el pago en una única vez de todo lo declarado como deuda con el Estado (es decir, sin el mecanismo de descuentos de los haberes mensuales). Esto último parece ir en el sentido contrario a lo que busca el Fondo, porque esos beneficios implican también un subsidio del sector público (otorgado a personas sin importar si tienen un elevado nivel de ingresos o patrimonio), porque el “precio” al que se venderán los períodos de aportes no compensa el costo del beneficio a cobrar de por vida.

Reglas

Las reglas de la implementación del plan son seguidas muy de cerca desde Washington, ya que el costo final de la moratoria dependerá de la letra chica que escriba el organismo de la seguridad social, que está bajo el control de La Cámpora. Lo cierto es que la Anses ya les ofrece turnos de atención en sus oficinas a los posibles beneficiarios de la nueva ley, aun cuando no hay normativa publicada respecto de qué criterios usará para otorgar o negar la posibilidad de jubilarse sin un pago previo al Estado por las contribuciones no hechas. “Ya podés acceder al plan de pago de deuda previsional”, indica el título principal, al ingresar en la página web de la Anses; al cliquear en la opción, ya pueden gestionarse los turnos para ir a una oficina.

Mencionando cálculos de otras fuentes, el FMI indica que el costo para este año es de alrededor del 0,2% del PBI, y el de mediano plazo, de 0,4%, suponiendo que alrededor de 800.000 personas se conviertan en beneficiarios. Pero el número final puede llegar a ser considerablemente menor si se implementan ciertas limitaciones.

Restricciones

El escrito del FMI enumera las posibles restricciones al acceso, según lo hablado con el ministro de Economía Sergio Massa y su equipo. La primera es una “fuerte verificación” de los ingresos y los recursos de los potenciales beneficiarios. La segunda es aumentar las deducciones de las jubilaciones, y la tercera, la más significativa, es “permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones, no estén recibiendo otros beneficios sociales y estén renunciando al acceso al tipo de cambio oficial”.

En la práctica, la verificación de los ingresos y los recursos de los solicitantes ya estaba prevista en el texto aprobado por el Congreso y, de hecho, es una regla que rige en las moratorias previsionales desde 2014. Eso no impidió que, actualmente, dos tercios de las jubilaciones que paga la Anses hayan sido otorgadas moratoria mediante. Por otra parte, la disposición del decreto en el sentido de que quienes no pasen el examen socioeconómico igualmente podrán acceder a una jubilación (aunque no podrán pagar la deuda en cuotas) va en el sentido contrario a restringir el acceso al plan.

En cuanto a la pretensión de que aumenten las deducciones de las jubilaciones, el decreto establece que los descuentos a los haberes para saldar las cuotas de la moratoria no podrán ser superiores al 30% del haber mínimo. Eso está también en línea con lo definido por la ley. Una persona que declare deber los 30 años de aportes y acceda a un plan de 120 cuotas tendría un descuento mensual de $17.189,91, cifra que equivale al 29,3% del haber mínimo.

Sistema de pensiones

Respecto de “permitir el acceso solo a quienes hayan realizado algunos aportes al sistema de pensiones”, no se fijó, al menos por ahora, ninguna limitación en ese sentido. La condición pretendida de que se trate de personas que “no estén recibiendo otros beneficios sociales” tampoco está contemplada de manera tan determinante; la ley establece que el ingreso a la moratoria es incompatible “con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza (contributiva o no contributiva), incluyendo retiros y planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación que la o el titular perciba a la fecha de solicitud fuera contributiva y su importe no supere el importe equivalente a una jubilación mínima vigente a la fecha de solicitud de la prestación”.

El decreto reglamentario agrega que quienes cobren un beneficio (jubilación o pensión) superior al haber mínimo podrán pedir el cobro de otra prestación (pensión o jubilación) a través del plan subsidiado solo si abonan toda la deuda declarada de una vez.

Una cuestión que no estaba prevista antes de emitirse el decreto 173 es la imposibilidad, para quienes cobren beneficios de la nueva moratoria, de comprar dólares en el mercado oficial. Esa restricción regirá solo por 12 meses, a diferencia de lo que ocurre con las personas incluidas en otros supuestos (como el de haber cobrado en 2020 parte del sueldo, en un empleo privado, del programa ATP), para quienes la imposibilidad no tiene un límite temporal.

Implementación

La implementación de la moratoria previsional asoma como uno de los temas más espinosos en las discusiones con el FMI. El Fondo ya ha mostrado una notable flexibilidad para acomodar las exigencias del programa –demasiado laxas, según economistas–a los avatares de la economía argentina, pero la moratoria fue una medida “imprevista”, según la elegante fórmula semántica elegida por el staff para describir la ley impulsada por el kirchnerismo, que más allá de sus fundamentos y de su necesidad, complicará aún más el cumplimiento de la meta fiscal.

Antes de presentar el informe del staff, el Fondo había expresado en un comunicado que la Argentina necesita un paquete de políticas “más sólidas” y que es esencial mantener el rumbo para bajar el déficit. Gita Gopinath, la subdirectora gerente del FMI, dijo que el costo fiscal de la nueva moratoria previsional deberá “mitigarse”, limitando el acceso.

Fuente: La Nación