El holding Odebrecht declaró la quiebra

El holding brasileño Odebrecht declaró la quiebra. La medida busca facilitar la reestructuración de una deuda por 13.200 millones de dólares.

La compañía pretende evitar que sus principales acreedores, bancos y fondos de inversión, ejecuten las garantías de los préstamos impagos y se queden así con el control de distintos activos valiosos del grupo. Desde 2014, la empresa y sus directivos quedaron en el epicentro de la principal investigación por corrupción en Brasil. Las ramificaciones del escándalo alcanzaron a Argentina, Perú y Colombia. En el país la compañía fue una de las encargadas de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que todavía no fue concluida.

A través de un comunicado la firma indicó que la “protección por bancarrota” acordada con la justicia de San Pablo constituye el camino para avanzar en el arduo y costoso proceso de reestructuración de sus deudas. Los acreedores buscar embargar y ejecutar los activos comprometidos como garantía para préstamos impagos.

Los principales acreedores del conglomerado son las entidades estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y el BNDES. El listado contempla además a tres bancos privados Banco Bradesco SA, Itaú Unibanco Holding SA y Banco Santander Brasil SA.

El proceso de reestructuración no incluye los pasivos vinculados a algunas de las principales firmas del holding como la petroquímica Braskem que los brasileños intentaron sin éxito vender a lo largo de los últimos meses. Tampoco está contempladas la filial dedicada a la producción de etanol Atvos, la unidad de construcción Odebrecht Engenharia e Construcao (OEC), a la petrolera Ocyan y la naviera Enseada. La compañía informó que buscará reestructurar alrededor del 50 por ciento de su deuda total: 51 mil millones de reales sobre un pasivo total de 98,5 mil millones de reales.

El ex CEO de la compañía Marcelo Odebrecht quedó bajo arresto en 2015. Sentenciado a diecinueve años de prisión por corrupción, el empresario se encuentra cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria.

Página/12