El Gobierno estudia una nueva ley para regular contratos
El escándalo por el la investigación judicial de los cuadernos manuscritos por el chofer Oscar Centeno, obliga al Gobierno a repensar el marco normativo que regula la relación entre las empresas contratistas y el Estado, para lo cual estaría preparando un anteproyecto de ley de obras públicas.
La finalidad de la reforma estaría orientada a que el Gobierno pueda tener un mayor control sobre las contratistas, con multas más altas a los incumplimientos y tener más herramientas para flexibilizar la finalización de un contrato anticipadamente, sin caer en juicios millonarios contra el Estado.
Según publica diario PERFIL este sábado, el borrador que empezó a pensar el Gobierno supone flexibilizar los términos para dar de bajar una obra pública. Hoy existen tres causales para rescindir un contrato: No cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos en los pliegos; una sentencia judicial ante un Tribunal y una denuncia de un funcionario público por cohecho (coimas) contra una empresa.
La actual ley de obra pública es de 1949 y, según confiaron fuentes oficiales, tiene enormes “lagunas” que dejan poco margen de maniobra. En el borrador incuirían una vía de determinación administrativa express, el cambio del esquema de multas, tomando como modelo a Brasil, y darle un rol mucho más activo al Registro de Constructores que depende del Ministerio del Interior, y en el cual hoy no existela posibilidad directa para interceder ante una irregularidad,. a pesar de ser el organismo en el que se dispone de todos los papeles al día de todas las contratistas, para tener negocios con el Estado. El caso testigo: Electroingeniería, la empresa del empresario detenido, Gerardo Ferreyra, de frondosos nexos con el kirchnerismo y que tiene dos represas a su cargo. La empresa hace tiempo ya que fue expulsada del Registro de contratistas, sin embargo continuó con las obras.
Fuente Perfil
