Avanza en Diputados un proyecto de ley sobre créditos hipotecarios UVA

Avanza en Diputados un proyecto de ley sobre créditos hipotecarios UVA

Esta iniciativa, que será tratada en la Cámara de Diputados, plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores.

La Cámara de Diputados tratará un proyecto de ley sobre los créditos hipotecarios UVA que plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. La iniciativa obtuvo un dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.

Este proyecto cosechó 31 firmas en Presupuesto y 19 en Finanzas entre el FDT, Provincias Unidas, Interbloque Federal y la UCR. A su vez, el diputado Martín Tetaz anticipó que presentará un dictamen de minoría en rechazo a la inclusión de un Fondo Compensador.

La diputada Alicia Aparicio, presidente de la comisión de Finanzas expresó: “Se escucharon distintas posiciones de tomadores de créditos, de los bancos para arribar a consensos que permitan una solución posible para llevar alivio a las familias de los tomadores de crédito”.

RIPTE

El proyecto ofrecerá a los deudores con hipotecas otorgadas con cláusula de ajuste por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y Unidades de Vivienda (UVI), destinadas a vivienda única familiar y de ocupación permanente, un sistema de cobertura mediante la implementación del cálculo de los saldos adeudados con ajuste por un índice actualizable por “Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables” (RIPTE).

En los meses que el Ripte se encuentre por arriba del Índice de precios al consumidor (IPC), pagarán siempre el índice más bajo, en tanto que el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. Quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

La iniciativa también prevé en caso de que el deudor deje de trabajar, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas.

Así también se establece la suspensión de juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas, construidas o ampliadas por un año.

Fuente: Mitre