Argentina intenta dinamitar un juicio español de €2.000 M por YPF. En EEUU avanza Burford
La Justicia española dio un revés a la Argentina en una de las mayores batallas legales del momento. El Estado e YPF presentaron en febrero dos demandas para bloquear un concurso de acreedores español en el que se juegan al menos 2.000 millones de euros. Las últimas noticias son malas para los intereses nacionales.
Para ello, contrataron a uno de los abogados estrella españoles, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, y a un exsocio de Garrigues y Freshfields, Fernando Bautista.
Sin embargo, las noticias no son buenas para los intereses nacionales, ya que dos juzgados, el 47 y el 99 de Primera Instancia de Madrid, estimaron la declinatoria interpuesta por las sociedades en concurso, remitiendo el proceso al Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid.
Estas demandas se dirigen contra el plan de liquidación de dos sociedades españolas, Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (Peisa), con las que los banqueros argentinos Eskenazi compraron un 25% de YPF a Repsol entre 2008 y 2011. Lo hicieron a petición de los Kirchner; con financiación de la propia Repsol y un ‘pool’ de bancos, y el compromiso de la petrolera argentina de que siempre repartiría un 90% de su beneficio vía dividendo (‘pay out’) para repagar la deuda.
Todo cambió con la expropiación del 51% de Repsol en YPF por parte del Gobierno argentino en 2012, que abocó a PESA y Peisa al concurso, declarado en julio de ese mismo año.
Estas sociedades ya no tienen ningún activo, ya que las acciones en YPF fueron transmitidas a los acreedores (inicialmente, Repsol, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard y Santander), por lo que el administrador concursal, Luis Armando Betancor, decidió que la mejor forma de sacar valor del proceso era reclamar internacionalmente a Argentina e YPF.
El avance en EE.UU. de la mano de Burford
AEste miércoles, Burford presentó por primera vez la valuación que tendrían sus activos, en el caso en que la causa que maneja la jueza del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, se defina a su favor.
Según esta medición, a Burford, como principal demandante, le corresponderían hasta u$s9.000 millones, según la fórmula que Preska tome como válida. Estima que un monto adecuado debería acercarse a los u$s6.000 millones, el dinero que siempre Burford dijo ante el juzgado que le correspondería.
La resolución de este caso será tomada por Preska en 2020; luego que la propia jueza (algo cansada por la falta de precisiones y presentación de pruebas desde la Argentina), decidió que la causa continúe en diciembre, cuando en el país ya haya definición acerca de quién será el próximo presidente.
La jueza reabrirá su juzgado para escuchar a las partes desde el 7 de diciembre, y su fallo definitivo se conocerá durante el primer semestre del próximo año. Esto quiere decir que será el presidente que sea electo del 27 de octubre el que tenga que enfrentar la resolución de este caso, y que, de ser negativo, defina cómo pagará los miles de millones de dólares que implicaría un fallo negativo.
Una acusación por fraude contable
La manera en que Burford valuó sus supuestas acreencias es curiosa. El fondo fue acusado el 7 de agosto pasado de “fraude contable”, ante una posible sobrevaloración de las ganancias que le traería al demandante el juicio contra la Argentina. El disparador de estos cambios fue la publicación de un informe de la agencia estadounidense Muddy Waters Research, en el que se acusa a Burford de tergiversar sus resultados “manipulando su rendimiento del capital invertido y la tasa interna de rendimiento, así como el estado de su negocio en general”.
Ese día, y luego de presentar el trabajo, las acciones de Burford Capital se derrumbaron el 46% en la Bolsa de Comercio de Londres. Según Muddy Waters, parte del fraude de Burford se concentra en su principal activo: el juicio por la reestatización de la petrolera argentina, sobrevalorando hasta siete veces la potencial tasa de ganancia, afirmando que el capital invertido es del 426%, en lugar del 3.278%. El informe señala en varias oportunidades que Burford escondió los costos del juicio contra la Argentina, y que concentra la mayoría de sus activos (inflados) en cuatro causas fundamentales donde la de YPF es, lejos, la más importante. Es ante la necesidad de presentar la correcta valuación que Burford estimó que este caso tendría un valor final, y si se da un fallo positivo para ellos de parte de Preska de un piso de u$s1.700 millones (según el valor de las acciones actuales), o u$s9.000 si se toma la valuación del día en que se anunció la reestatización, o de u$s6.000 según la jornada en la que Argentina efectivamente tomó posesión.
El escrito preparado por Burford para presentar ante la Justicia de los Estados Unidos (la causa se tramitará en la Corte del Distrito Este de Nueva York) no le da porcentajes de valoración a cada una de las tres alternativas, pero sí menciona que la tercera podría ser efectiva. La intención de Burford es que se tome como válida la valuación del activo del juicio contra la Argentina, y se determine que no hubo fraude contable. Y que, en todo caso, las fuertes oscilaciones del valor del juicio dependen de la inestabilidad macroeconómica de la Argentina y sus consecuencias sobre el precio de la compañía YPF. Pero que se debe tomar como válido el momento en que se ejecutó la renacionalización, y no la caída en el precio posterior de las acciones de la petrolera, fruto de la crisis financiera del país. En el caso concreto de la causa que maneja Preska, lo importante de la presentación es que este será el reclamo que se le planteará a la jueza para que tome como válido. Luego la magistrada definirá la fórmula final.
La jugada de Burford
Ante la falta de recursos para ello, Betancor abrió un concurso para encontrar un financiador de la reclamación, al que se presentaron varios fondos y ganó Burford, uno de los mayores fondos de litigios. El plan de liquidación fue aprobado por el juez concursal en marzo de 2015, y un mes más tarde se puso una demanda en el Distrito Sur de Nueva York, donde se dirimen algunos de los casos más importantes del país, y donde recientemente han recibido buenas noticias las sociedades españolas. El coordinador de esta ofensiva legal es el abogado Blas A. González, contratado por la administración concursal.
Aparentemente, la decisión de Argentina e YPF de reclamar en España persigue boicotear el proceso en Estados Unidos. Están demandando por “simulación de contrato” al acordar con Burford la financiación del proceso legal en EEUU, cuando, según sus abogados, se trataría de una venta de los derechos de reclamación. La diferencia es clave, ya que si hubiera sido un traspaso de los derechos, Estados Unidos tumbaría la demanda de acuerdo a la doctrina Champerty, que prohíbe la compra de deudas para luego acudir a los tribunales.
La dificultad de Argentina es que tiene que tumbar una decisión del juez concursal, que no fue recurrida por ninguno de los protagonistas en 2015. Por ello, los letrados Alonso y Bautista decidieron acudir primero a otros juzgados, encontrándose con la declinatoria. Será la Audiencia de Madrid la que decida cuál es el tribunal competente, aunque hay muchas probabilidades de que acabe en el Mercantil número 3 que lleva el concurso de PESA y Peisa. Se trata de un proceso que puede durar años y que no paraliza el que se sigue en el Distrito Sur de Nueva York.
Tras años de concurso, los acreedores de PESA y Peisa han cambiado radicalmente. Sigue Repsol, que era el máximo financiador, y la mayoría de bancos han vendido sus posiciones a fondos oportunistas. El que más peso tiene es Anchorage.
Como antiguos dueños de la sociedad, parece muy complicado que los Eskenazi lleguen a recuperar algo de dinero aunque el tribunal norteamericano les diera la razón. Aun así, estarían interesados en que el concurso se salde satisfactoriamente para volver a ser considerados solventes por los bancos internacionales.
Con información de Noticias y Protagonistas, España. Ámbito Financiero, Argentina
