Argentina camino a la reinserción internacional

La Argentina ha estado demasiado desconectada del mundo a lo largo de la mayor parte del último siglo, y éste es el principal factor explicativo de su involución relativa a países comparables.

Para peor, los intentos aperturistas que hubo no terminaron bien, sea por fracasos propios del diseño (la “tablita” de Martinez de Hoz), o por inconsistencias que sólo podían resolverse con políticas de estado que nunca llegaron (la convertibilidad).

Además, los intereses creados al calor de la economía cerrada han exagerado los costos y “olvidado” los beneficios de intentar replicar experiencias como las de Corea del Sur, Finlandia, Australia o Chile.

La novedad de esta época es que la fuerza de los cambios tecnológicos y la profundidad de la reconfiguración productiva mundial que provocó la irrupción de China es de tal magnitud que se filtra por todos los poros de la economía del país.

Aunque la apertura todavía sea tímida y ni siquiera se haya completado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay “ruidos” de la coyuntura local que sólo se explican por ese contexto, ya que los sectores amenazados por la oferta asiática y/o por el cambio tecnológico ya no son capaces de atraer capitales, algunos de ellos están en proceso de des-inversión, y sólo aparecen nuevos emprendimientos en aquellas áreas que tienen viento a favor dentro de este escenario.

Unos 12 millones de argentinos viajaron al exterior en 2017, contando el flujo terrestre; una cadena multinacional de supermercados admite que ya no podrá seguir operando del modo tradicional y que necesita reconvertirse para volver a ser rentable…. Florecen los ejemplos de una economía que ya no es manejable a través de viejas regulaciones.

La Argentina, que por muchas décadas ha sido un país poco integrado al mundo, se desconectó más aún desde 2002, con medidas que coronaron en 2011 con los cepos al cambio y al comercio exterior. Fueron tres quinquenios de hibernación, justo cuando se precipitaban cambios notables en el funcionamiento de la economía mundial. Por citar sólo dos:

‐ La participación de China en las exportaciones mundiales de productos manufacturados pasó de 4 % a más de 15 % entre fin de los ’90 y el presente, reconfigurando la división del trabajo en la industria a escala global.

‐ El auge del comercio electrónico hizo que dejara de ser negocio buena parte de la intermediación tradicional: en Estados Unidos, una empresa como Amazon multiplicó por 22 su valor accionario en la última década, con el efecto colateral

del derrumbe del precio de mercado de compañías como Sears, JCPenny, Macy´s. Por el tipo de productos que comercializan, los supermercados fueron menos afectados, pero el estancamiento de la capitalización bursátil de firmas como Walmart en la última década refleja que no hay inmunidad plena. Cambios

Cuando el país comenzó, a fin de 2015, el proceso de normalización y reinserción en el mundo, lo hizo de manera gradual, pero ese nuevo escenario entró “por la ventana” y de modo abrupto. Pese a las barreras que subsisten, los consumidores se las arreglan para esquivar a los tradicionales intermediarios, incluida la opción de hacerlo en otro país.

Para frenar estas tendencias con “éxito”, habría que ser Venezuela.

Aunque algunos dirigentes sindicales y políticos se resisten a asumir esta realidad, los empresarios, que están obligados a ser pragmáticos, ya actúan en consecuencia.

Hay evidencias respecto a que el aumento de la inversión, más allá de la construcción, está explicado por actividades que pueden ser competitivas en el escenario global, y se orienta a optimizar procesos productivos. Como contrapartida, hay poco movimiento o desinversión en las áreas más castigadas por el nuevo contexto, al igual que en los eslabones de la cadena productiva más expuestos al cambio tecnológico.

El movimiento de convergencia ya empezó, aunque para garantizar su éxito es clave que los gobiernos, en sus tres jurisdicciones, contribuyan con reformas que faciliten la reconversión del aparato productivo, que necesita menos impuestos, combate a la evasión (por la competencia desleal), un gasto público más eficaz, menos trabas y mejor infraestructura.

En este sentido, el Pacto Fiscal firmado por el presidente y la mayoría de los gobernadores en 2017, que fue un paso decisivo en términos de gobernabilidad, podría ser mejorado ahora que se comprobó que el sector privado es capaz de generar puestos de trabajo a buen ritmo, como lo atestiguan los 685 mil empleos creados en los últimos doce meses.

Las reformas propiciadas por el Pacto apuntan a una reducción de la presión tributaria provincial (Ingresos Brutos) que beneficia a la industria pero no a los servicios, siendo que entre éstos existen actividades como el turismo que compiten en el mercado mundial tanto o más que los productos manufactureros.

A su vez, sus efectos se diluyen si las empresas están instaladas lejos de Buenos Aires (por la pérdida de vigencia del Decreto 814). Aunque los funcionarios tengan que profundizar sus esfuerzos por ahorrar gasto corriente, ahora se puede percibir más claro el “premio”, ya que el margen de mejora de las actividades productivas es notable si las condiciones son las apropiadas.

Fuentes. Ieral – Fundación Mediterránea