Apurado por los tiempos el Gobierno apura la ley antilavado
Funcionarios del Poder Ejecutivo pidieron a los senadores que aceleren el dictamen del proyecto, ya aprobado en Diputados
Apurado por los tiempos, el Gobierno movilizó a sus funcionarios para acelerar en el Senado el tratamiento del proyecto de ley que adecua la legislación vigente en materia de persecución y represión de los delitos de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas a los estándares exigidos por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), que volverá a discutirse hoy en comisiones en la Cámara alta.
Tras el contratiempo sufrido la semana pasada, cuando un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se reunió para escuchar a dos especialistas del Poder Ejecutivo pero no emitió dictamen, funcionarios del Gobierno, con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a la cabeza, se metieron de lleno en las negociaciones, contactando a senadores de diferentes bloques para pedirles que dejen de lado sus cuestionamientos y apuren el trámite legislativo de la iniciativa.
El principal argumento esgrimido por Cúneo Libarona es el apuro que tiene el país de tener la nueva ley sancionada antes de los primeros días de marzo, cuando está prevista la visita al país de una delegación del GAFI para revisar el marco normativo argentino en materia de combate al lavado de dinero.
La principal amenaza que quiere evitar el Gobierno es que el organismo internacional coloque a la Argentina en la denominada “zona gris”, que reserva para los países con legislaciones endebles o permeables al blanqueo de capitales obtenidos a través de delitos.
Complicaría la relación del país con el Fondo Monetario Internacional
Sostiene que ese escenario impactaría en las inversiones que la administración libertaria pretende atraer y, además, complicaría la relación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exige estar en regla con el GAFI entre los requisitos para alcanzar acuerdos financieros.
Según fuentes legislativas, el sondeo del Gobierno habría tenido buena recepción en los bloques políticos de la oposición dialoguista, que aceptarían apoyar el proyecto para que se convierta en ley antes de la llegada del GAFI al país a cambio de que el Poder Ejecutivo modifique, vía veto de artículos, algunos aspectos de la iniciativa con la que no están de acuerdo. De hecho, los exsocios de Juntos por el Cambio votaron en contra cuando el tema se discutió en Diputados el año pasado.
La gran incógnita es qué camino adoptará el kirchnerismo, que apoyó de manera masiva la iniciativa en abril de 2023. En aquella oportunidad, el proyecto era reclamado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, como de las condiciones que necesitaba para discutir la renegociación del acuerdo por la deuda con el FMI.
La semana pasada, las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda se reunieron para escuchar las exposiciones del candidato propuesto por el Gobierno para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y de Nicolás Vergara, jefe de gabinete del organismo encargado de fiscalizar y reportar ante la Justicia las operaciones financieras sospechosas de encubrir el lavado de activos.
Ante la próxima visita del GAFI
Ambos expositores defendieron la iniciativa e hicieron hincapié en el apuro que tiene el Gobierno ante la próxima visita del GAFI, pero tanto la UCR y Pro como el kirchnerismo se ampararon en el hecho de que la reunión había sido citada con carácter “informativo” para no firmar dictamen.
En aquella reunión, la UCR y Pro había señalado sus cuestionamientos al proyecto aprobado por Diputados. Criticaron las modificaciones a la denominada ley antilavado que pone en la órbita del Ministerio de Economía a la UIF y el proceso de selección del titular del organismo, a propuesta del Poder Ejecutivo y luego de la realización de una audiencia pública no vinculante.
Para los exsocios de Juntos por el Cambio, la UIF debería responder al Ministerio de Justicia y el presidente de la UIF debería ser seleccionado con acuerdo del Senado. Además, también plantearon sus dudas ante lo que calificaron como una “vaga definición” del delito de terrorismo que el proyecto establece como modificación al Código Penal. Esos reparos parecen haber quedado de lado tras los contactos de Cúneo Libarona con los senadores de la UCR y Pro.
Fuente: LaNación
