Advierten que el video de Bolsonaro muestra delitos y hay presión sobre el procurador
Los expertos señalan que comprueba una obstrucción de la Justicia y prevaricato; el contenido será analizado por Aras
El video de la reunión del consejo de ministros de Jair Bolsonaro revelado anteayer por orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello deja expuesto como nunca antes el modus operandi del gobierno de ultraderecha y desmantela la versión del presidente de que nunca había reclamado cambios en la estructura de seguridad de Brasil, incluida la Policía Federal (PF), para proteger a los miembros de la familia. La revelación generó un temblor político en momentos en que el líder ultraderechista enfrenta fuertes críticas por su gestión del coronavirus, que tiene a Brasil como el segundo de los países con más infectados (347.398).
En las imágenes, Bolsonaro no solo aparece amenazando con cambiar de «ministro» si no cumpliera su misión de impedir que «jodan» a sus familiares -y en ese momento mira hacia donde se encuentra el entonces Ministro de Justicia, Sergio Moro-, sino que también habla de la necesidad de proteger a los «amigos». El Planalto venía repitiendo que en la reunión el presidente se refería a la seguridad personal de los miembros de su familia, que es responsabilidad de la GSI (Gabinete de Seguridad Institucional), y no de la PF. La mención a los amigos, sin embargo, complica aún más la línea de defensa de Bolsonaro en la investigación que intenta determinar si trató de interferir con la PF, ya que el GSI no tendría forma de proteger a quienes no pertenecen a la familia Bolsonaro.
Según juristas, el video corrobora la tesis de Moro de que hubo intención de intervenir en la organización policial, y constituye al menos dos delitos: obstrucción de la Justicia y prevaricato.
«El video contiene una declaración muy clara del presidente donde dice que hará lo que tenga que hacer para proteger a familiares y amigos. Esto corrobora la versión de Moro», dice Eloísa Machado, profesora de Derecho Constitucional de la Escuela de Leyes de San Pablo, de la Fundación Getúlio Vargas. «No olvidemos que, de hecho, impulsó un cambio en la PF, nombrando a una persona muy cercana a su familia, y los testimonios que obran en la investigación también confirman esa versión», añade.
«El video anula la justificación de Bolsonaro de que se refería a la seguridad del GSI, y no a la PF, porque habla expresamente de «amigos míos’, y los amigos del presidente no reciben seguridad del GSI. Solo puede tratarse de la PF», coincide Rafael Mafei, de la Universidad de San Pablo.
La presión sobre Moro se destaca en varios momentos de la reunión, como cuando Bolsonaro lo impreca exigiéndole que se manifieste sobre el arresto de personas que rompieron la cuarentena. «¡Usted tiene que hablar! ¿Piensa quedarse callado? Tiene que salir a hablar, a destrozarlos. ¿O me tengo que seguir exponiendo yo?». Y más adelante, al quejarse de que la Policía Federal no le pasaba información al Planalto, estalló: «¡Yo tengo el poder, y voy a intervenir en todos los ministerios, sin excepción!»
El contenido del video será analizado por la Oficina del Procurador General, que también recibirá una serie de testimonios y las nuevas acusaciones hechas por el exaliado de Bolsonaro Paulo Marinho. «Este video ciertamente viene a completar el cuerpo indiciario de pruebas», dice Machado. Ahora la presión recae sobre Augusto Aras, ya que puede acusar formalmente al presidente de uno o varios delitos. «Ciertamente hay sustancia para abrir un pedido de apartamiento del cargo. Si se abrirá o no es otra cosa. Pero esto es mucho más grave que el Fiat modelo Elba que le costó el cargo a Fernando Collor de Mello y muchísimo más grave que el ‘pedaleo fiscal’ de Dilma Rousseff», dice un abogado cercano a la Procuración.
Machado coincide en que hay bases para una destitución: «Estos son delitos comunes, que en caso de condena también conllevan la destitución y pérdida del cargo».
El abogado Marco Aurélio de Carvalho dice que ante la evidencia del video, el procurador general tiene la obligación de acusar al presidente de prevaricato, porque de lo contrario él mismo puede terminar acusado de prevaricato o incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Este intento de interferencia se encuadra plenamente en el artículo 85 de la Constitución Federal y es suficiente para dar lugar, entre otros, a la solicitud de destitución del presidente», dice el abogado Cristiano Vilela, de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Brasil en San Pablo.
La gran pregunta es cómo reaccionará Aras, designado por Bolsonaro en septiembre pasado como alguien «alineado» con el Planalto. Si decide denunciarlo, para iniciar una acción criminal todavía necesitará el voto de dos tercios de los diputados, y recién ahí podrá sacar al presidente del Planalto. La presión que sufrirán el fiscal general y el Congreso dependerá en cierta medida del desgaste que las imágenes, llenas de malas palabras y vulgaridades, provoquen en la base popular de Bolsonaro, ya afectado por la crisis del coronavirus. Rafael Mafei se muestra escéptico: «El video alimenta a la base de Bolsonaro».
En su defensa, el mandatario dijo que consideraba que la publicación del video era positiva. «Incluso fue algo bueno», dijo, y agregó que las revelaciones de Moro eran falsas: «Es otro tiro al agua». Pero la exlíder del gobierno en el Congreso y diputada Joice Hasselmann dice que la oficina del fiscal ya no tiene manera de evitar una acusación contra Bolsonaro. «Las pruebas son cabales y sirven como base tanto de un proceso de destitución como de un proceso de interdicción. Bolsonaro logró dar municiones a ambas. ¡Es un mito!», ironizó la legisladora.
Fuente: El País, SL
