Traban los pagos al exterior de empresas por obligaciones financieras

Las empresas argentinas, provincias e incluso la Nación podrían entrar en un nuevo «default técnico» si, como ocurrió en 2014, no pueden girar los dólares para pagar sus obligaciones financieras al exterior, imposibilitados por el control de cambios que estableció el Banco Central hace casi 15 días.

La primera en encontrarse con esta dificultad fue el grupo IRSA, la empresa dueña de los principales shopping centers de la Argentina, que el lunes pasado efectuó los pagos de intereses y capital de las obligaciones negociables (ON) Clase VII y Clase VIII, tal como informó a la Comisión Nacional de Valores.

Sin embargo, ese pago todavía no pudo ser cancelado con los acreedores internacionales, ya que la nueva normativa del Banco Central prohíbe que una persona jurídica envíe dividendos al exterior a una cuenta de terceros; solo puede hacerlo a una propia.

En este caso, IRSA depositó los pagos en la cuenta que tiene en la Caja de Valores la firma Clearstream Banking, el banco encargado de repartir el dinero acreditado a los tenedores de bonos emitidos por la empresa.

El martes, la firma con sede en Luxemburgo emitió un comunicado en el cual señala que «la Caja de Valores ha confirmado que los intereses y los ingresos de reembolso adeudados por el pago de la ON IRSA Clase 8 en dólares tal vez no se puedan pagar a una cuenta en el extranjero para los beneficiarios considerados personas jurídicas».

«Les recordamos amablemente que Clearstream Banking se considera una persona jurídica y, por lo tanto, todos los activos mantenidos a través de la cuenta directa de Clearstream Banking en la Caja de Valores se ven afectados por las restricciones existentes de cambio y repatriación, independientemente de la naturaleza legal de los inversores subyacentes», sigue el texto.

Sobre el impacto que tiene la normativa para los clientes, el banco indicó que «los intereses y los fondos de reembolso permanecerán impagos hasta que haya una alternativa disponible. Cualquier pago en dólares permanecerá en espera en la cuenta de Clearstream Banking en la Caja de Valores hasta nuevo aviso».

Si a los 30 días de la fecha que se tendría que haber efectuado el pago los inversores no reciben su dinero, IRSA entraría en un default técnico, aunque el problema legal lo tendría Clearstream por no cumplir el contrato con las dos partes.

«(…) hemos tomado conocimiento de que los tenedores del bono IRS19, cuya custodia se encuentra en cuentas en el exterior, no han visto acreditado aún el capital e intereses que ha sido pagado por la Compañía en debido tiempo y forma (…). En este sentido, sugerimos a nuestros inversores (…) consultar con los bancos custodio que correspondan acerca de la normativa cambiaria aplicable a la fecha», dijo IRSA en un comunicado enviado anoche a la CNV.

La empresa que preside Eduardo Elsztain no sería el único actor con este problema. En los próximos días vencen también obligaciones negociables de YPF, Banco Hipotecario, Cablevisión y Arcor, y bonos nacionales y provinciales, como los de Neuquén, Chubut, Mendoza, ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Salta.

En el Banco Central indicaron que nada cambió con respecto a la norma que se publicó de forma sorpresiva el domingo 1° de este mes. «Los inversores saben que si compran una acción o un bono con un tipo de jurisdicción, corren el riesgo de ese lugar», señaló una fuente.

Antecedente

En julio de 2014, el fallecido juez federal de Nueva York Thomas Griesa estableció medidas cautelares que obligaban al país a pagarle a todos los acreedores de deuda argentina -entre los que se encontraban los holdouts – o no se autorizaban las tranferencias a ningún inversor. Esto obligó a la Argentina a entrar en default técnico, ya que no se pudo cancelar la deuda con el 92,4% de los bonistas que había aceptado el canje por la reestructuración.

En ese entonces, el gobierno había depositado los servicios de capital e intereses de los bonos bajo ley extranjera en las cuentas que tenía en el Banco Central el Banco New York Mellon (BONY), encargado de realizar las transferencias a los bonistas, pero el pago nunca se pudo efectuar. «Quiero decirles que la Argentina no va a caer en default. Porque en default entran los que no pagan. Aquí la Argentina pagó y alguien lo bloqueó y no deja que el pago llegue a los terceros», había dicho en ese momento la entonces presidenta Cristina Kirchner.

En abril de 2016, el gobierno de Mauricio Macri negoció el pago con los holdouts y las medidas cautelares fueron levantadas, lo que permitió que el país saliera del default técnico. Con el fin de la medida, varias provincias y empresas argentinas volvieron a emitir títulos que compraron inversores extranjeros, confiados en que arrancaba una nueva era con la administración de Macri. Casi cuatro años después, el país podría volver a entrar en un default técnico si el Banco Central no permite que los dólares depositados en el banco custodio sean girados a las cuentas de los acreedores.

LA NACIÓN