Piden cambio al régimen de Tierra del Fuego

Cuesta US$1070 millones

Expertos proponen ahorrar ese costo anual y destinarlo a una reconversión productiva en la isla; las empresas del sector afirman que ya existe un plan con ese objetivo

El régimen de exenciones impositivas de Tierra del Fuego tiene en la actualidad un costo fiscal de US$1070 millones anuales, equivalentes al 0,22% del producto bruto interno (PBI), según una investigación del centro de estudios Fundar, que propone reformularlo de acuerdo con un plan de diversificación productiva a desarrollarse en el período 2024-2035.

El trabajo fue dirigido por Tomás Bril Mascarenhas, director de Política Productiva de Fundar, y Juan Carlos Hallak, investigador de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet. Afirma que, en caso de concretarse la iniciativa, redundaría en un ahorro para el Estado nacional de US$5900 millones durante el lapso de 11 años y de casi US$900 millones anuales a partir de entonces.

Sin embargo, la propuesta recibió la crítica del sector electrónico fueguino, que asegura que el cambio en la estructura productiva de la provincia “ya está en funcionamiento”, en el marco de la prórroga que el sistema de promoción económica obtuvo hasta 2038.

Los especialistas sostienen que el objetivo geopolítico de la ley 19.640 –la normativa que estableció el sistema, en 1972– de impulsar el crecimiento de la población “fue cumplido con creces”, ya que la isla pasó de 13.000 habitantes a 190.000 en 2022. “El subrégimen fomentó la radicación de nuevos establecimientos productivos y la expansión del empleo privado. Sin embargo, en la actualidad no plantea un esquema de salida en el que se desarrolle un conjunto de actividades que sean económicamente sustentables para la provincia”, sostuvieron.

Diagnostico y propuesta

La investigación incluye un diagnóstico y una propuesta de reformulación del sistema, que tiene como eje central “dejar de premiar la facturación de las empresas para pasar a alentar el agregado de valor local y las exportaciones”. El actual sistema de promoción económica de Tierra del Fuego consta de una serie de beneficios fiscales y aduaneros orientados a promover toda la actividad económica de la isla, incluyendo el sector primario, los servicios y la industria.

Esta última es la más relevante de la provincia y abarca a las áreas electrónica, plástica, textil, mecánica y pesquera. A tal punto, que está regida por lo que se conoce como “subrégimen industrial”, que establece normas específicas para que las empresas puedan vender bienes finales en el mercado interno sin pagar derechos de importación ni impuesto a las ganancias. Además, gozan de crédito fiscal por el IVA de las ventas que realizan o de la menor tasa de impuestos internos para los productos electrónicos.

El trabajo confirma que las industrias que promueve el régimen emplean a unas 11.000 personas, equivalentes al 30% del total de los asalariados registrados del sector privado fueguino, y que el sector electrónico es el mayor empleador, al generar unos 8500 puestos de trabajo que consisten en el montaje de circuitos impresos, el ensamblado y la prueba final, especialmente de teléfonos celulares, pero también de televisores y acondicionadores de aire.

A partir de este diagnóstico, propone la ampliación de la matriz productiva hacia nuevos sectores, como el turismo, la economía del conocimiento, la energía y la petroquímica, entre otros.

Incentivos fiscales

La propuesta de revisión del esquema de incentivos fiscales establece un cronograma de implementación gradual entre 2024 y 2035, en el que se estipula la remoción inmediata de toda restricción no arancelaria y la eliminación de la brecha de impuestos internos entre los productos electrónicos nacionales e importados. Establece una alícuota común del 6,55%, exceptuando a los teléfonos celulares, para los cuales se reduciría gradualmente a 0%.

Luego, entre el segundo y el sexto año, la importación de insumos pasaría gradualmente a pagar IVA, mientras que entre el séptimo y el undécimo año pagaría los aranceles correspondientes. De esta manera, según el proyecto, el valor agregado en la Argentina continuaría sin pagar IVA y se beneficiaría también de la protección efectiva que otorga el escalonamiento arancelario.

De acuerdo con las estimaciones de los investigadores, cuya propuesta consideran que debería pasar por el Congreso, para 2035 habría cesado por completo la producción de teléfonos celulares en Tierra del Fuego, mientras que se mantendría el 61% de la producción actual de televisores y el 28% de la de acondicionadores de aire.

Empleo

En cuanto al empleo, consideran que se perderían 7254 puestos de trabajo durante los 11 años de implementación. Sin embargo, se compensarían con un programa de protección social y reconversión laboral, relacionado con la nueva matriz productiva, que tendría un costo estatal de entre US$300 y US$500 millones durante la década a implementarse.

“La reformulación generaría un significativo ahorro fiscal, tanto por la sustitución gradual de producción nacional (que no paga impuestos) por importaciones (que sí lo hacen), como por los impuestos a los insumos importados que comenzaría a pagar la actividad de la isla”, afirmaron en Fundar. Por esa sumatoria, “el ahorro fiscal acumulado sumaría en los 11 años US$5864 millones, más US$881 millones cada año a partir de 2034 (un 82,4% del costo fiscal actual del subrégimen)”.

La visión de la industria

En la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la entidad que agrupa a las principales empresas fabricantes de bienes electrónicos de consumo, se mostraron críticos del proyecto de Fundar. “El documento plantea la necesidad de revisar el subrégimen para llevar adelante un cambio en la estructura productiva de la provincia, y eso es algo que ya existe”, afirmaron a Y explicaron que “es precisamente lo que quedó plasmado en la última prórroga del subrégimen industrial que se realizó en 2021 y que dispuso la creación del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina”.

“Se trata de un fondo al que las empresas ya están aportando un porcentaje de su facturación y que es administrado por el Estado”, explicaron en Afarte. Ese aporte, que calculan en un total de US$100 millones anuales, “tiene dos objetivos: financiar la mejora de la competitividad de la industria actual (a través de infraestructura, logística, conectividad, etc.) y, por otro lado, el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos destinados a ampliar la matriz de Tierra del Fuego a sectores como la economía del conocimiento, el turismo, la energía y otras”.

Consultados acerca del costo fiscal del subrégimen considerado por Fundar, en Afarte dijeron: “Esa estimación del costo es contrafáctica. No es un desembolso del Estado, es un ingreso no percibido. Si el régimen no existiera, no se percibiría ese supuesto monto, con el impacto adicional en el empleo y la actividad económica asociada”.

Fuente: La Nación