Para compensar los costos las prepagas aumentarían hasta un 30% en febrero

Desregulación

Se aplica para tratar de compensar el alza de los costos; en el primer bimestre acumulará una suba de 70% a 82%

El aumento de las cuotas de la medicina prepaga será en febrero de entre 24% y 30%, según lo que comunican las entidades a sus afiliados.

Se trata de la segunda suba que se aplica luego del anuncio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70, con el cual el Poder Ejecutivo derogó los artículos de la ley de prepagas referidos a la regulación de los precios en la actividad.

Con el nuevo aumento, en los dos primeros meses del año se acumulará un reajuste de entre 70% y 82%, aproximadamente. En 2023 los valores de los planes de salud se habían reajustado, de punta a punta, un 135,7%, mientras que la inflación fue de entre 200% y 220%, según las estimaciones de varias consultoras económicas para el mes de diciembre.

Muchos ingresos, sin embargo, se movieron por debajo del 135,7%.

Apenas conocida la medida de liberación de precios, el presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, sostuvo que el sistema tenía un retraso acumulado en sus precios de un 54% en relación con la suba de sus costos.

El DNU, llamado «Bases para la reconstrucción de la economía argentina», libera los precios de los planes de salud. La ley 26.682, aprobada en 2011 y de la cual se dejan ahora sin efecto algunos artículos ?total o parcialmente?, le otorgó en su momento a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de fiscalizar y garantizar «la razonabilidad de las cuotas de los planes prestacionales».

Sí se ratificó, en cambio, la vigencia de una limitación para fijar precios diferenciales en función de la edad de los afiliados. Es la que indica que, entre la primera y la última franja etaria del esquema definido para fijar los valores no puede haber una diferencia de más de tres veces.

Desequilibrio En los últimos meses, los problemas de financiamiento del sector privado de la salud se empezaron a sentir de manera cada vez más intensa en la calidad de los servicios, con demoras en la asignación de los turnos, salida de médicos de las cartillas y cobros de copagos o bonos contribución para la atención que deben pagar los pacientes.

Además, se sumaron los inconvenientes para conseguir insumos importados, según advirtieron varias entidades que nuclean a prestadores de diferentes especialidades médicas.

Según datos elaborados por Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), entre diciembre de 2019 y el último mes de 2023, mientras que la inflación general estimada fue de 1140% y el dólar oficial subió un 1242%, el precio de los planes de salud tuvo un incremento de 667%.

Los medicamentos subieron en igual período un 1750% y el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO), un 849%, y un trasplante, por ejemplo, tuvo una suba acumulada de 1935% Sobre la base de sus números, Magonza afirma que con los incrementos de enero y febrero se recuperaría solo parte del alza de los costos de cada mes previo.

«Hay una gran responsabilidad del sector en tratar de recuperar en un año todo el retraso en el precio». Aun así, agregó, «nunca se recuperarán los recursos perdidos en cada momento; después de décadas de demagogia con plata ajena, el sistema está en el abismo, y si se paran los aumentos de las cuotas, se verá un estallido de proporciones nunca vistas, con suspensión de servicios, empresas que entren en procesos preventivos de crisis y sueldos y honorarios recortados todavía más».

Brecha en las prestaciones En los últimos tiempos, muchas entidades que dan servicios de diferentes especialidades advirtieron sobre la brecha creciente entre el aumento de sus costos y la variación de los aranceles recibidos del sector financiador del sistema. Ahora, las prepagas ofrecen que continúe la práctica de otorgar a los prestadores un aumento de un porcentaje equivalente al 90% de la suba a los afiliados (por enero eso significaría un 36%).

En el sector afirman que existe un factor de desfase que no es menor, y es el hecho de que los aranceles se cobran efectivamente hasta cuatro meses después de realizarse la prestación.

«En un proceso inflacionario como el actual, cobrar a 60, 90 o 120 días es una locura total», dijo a la nacion Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), quien sostuvo que esas entidades llegaron a 2024 con un déficit de entre 70% y 80% y con una situación que se agravó con fuerza en los últimos meses.ß

Los prestadores sufren el desfase inflacionario.

Fuente: La Nación