Massa pide la derogación de una circular que castiga a los productores

El ministro le pide al titular del BCRA que derogue una circular que castiga con altas tasas a los productores.

El ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió por carta al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, que derogue la Comunicación “A” 7720 por la cual la entidad bancaria eleva a una tasa de 116,4% los créditos a aquellos productores que no vendan el 95% de la soja, o hayan operado en los programas dólar soja I, II y dólar agro.

El incidente puede considerarse un trámite formal, pero en rigor desnuda la feroz interna política en el seno del Gobierno, que se exacerba en medio de la discusión por las candidaturas electorales. Pesce es uno de los funcionarios de extrema confianza del presidente Alberto Fernández, y en este tema se ha posicionado con las visiones más intervencionistas, que Massa en general ha tratado de destrabar con un actitud más proclive por necesidad haciala operatoria agropecuaria.

En efecto, en el pedido -que extendió a Ricardo Casal, secretario legal y administrativo del ministerio- Massa remitió una carta que este mismo martes recibió de su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en la que se argumenta sobre la conveniencia de “derogar la medida, pese a los objetivos iniciales de impulsar las exportaciones para que ingresen dólares”.

Razonablemente entendible y acertada

En un documento interno de tres páginas, Bahillo primero define a la medida del Central como “razonablemente entendible y acertada”, a los fines de “favorecer e incentivar el ingreso de divisas de monedas extranjeras”. Incluso dice comprender el encarecimiento “del costo del financiamiento bancario, para que se vendan los granos y se logre el objetivo del ingreso de divisas”.

Pero tras los tres primeros párrafos “diplomáticos” con la postura de Pesce -sobre la cual Massa se ha manifestado en contra desde hace semanas, pero sin poder interno para imponer su criterio-, Bahillo plantea “diferencias sobre el éxito de la Circular”. Esa circular del Central, con vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, estipula que “la tasa nominal anual de interés compensatorio de las financiaciones de entidades financieras en pesos –cualquiera sea la forma de instrumentación– a clientes con actividad agrícola inscriptas en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) en carácter de “Productor” con acopio de su producción de soja, será como mínimo el 120% de la última tasa de Política Monetaria publicada.

Como actualmente la tasa de Política Monetaria está en 97%, el 20% extra con la que el Central “castiga” a los productores que no vendan toda la soja llega al 116,4% “como mínimo”.

En el Gobierno asumen que la medida tiene como objetivo cubrir una necesidad del Estado: conseguir dólares para las reservas y para mantener el flujo de importaciones que sostengan la actividad económica. Por eso, desde la agroindustria se interpretó desde su implementación, en septiembre -con la Comunicación “A” 7600, reemplazada en marzo por la “A” 7720- como una presión fiscal extra al sector que aporta más vitalidad a la economía.

Limitaciones

La limitación se aplica en todas las entidades bancarias que operan en el país y, si bien rige desde el año pasado, desde distintos sectores de la agroindustria vienen advirtiendo que ahora, en medio de la magra cosecha está comprometiendo toda la actividad, por ejemplo en el sector de maquinaria agrícola. Incluso está poniendo en riesgo la cadena de pagos, según han expuesto distintas entidades agrupadas en la Mesa de Enlace.

En su presión epistolar sobre Pesce, Massa asumió como propios los argumentos de Bahillo, que a su vez refleja lo que han manifestado los ruralistas, por ejemplo que los productores “tienen en su esquema financiero a la soja como reserva de valor”, o como destino de insumo en actividades de mayor inversión, empleos y valor agregado.

También da cuenta de “injusticias comerciales: con la restricción impuesta, la circular “castiga a un productor que guarda su producción para poder pagar el alquiler del campo, y no por una especulación financiera”. El ministro de Economía y el secretario de Agricultura, han escuchado estos planteos, por ejemplo, en la reunión que mantuvieron en la sede de INTA Castelar en enero pasado. Y en la última presentación ante productores agropecuarios, el 11 de mayo en Navarro, provincia de Buenos Aires, Massa anunció la derogación de este castigo financiero al campo.

Hasta ahora no se ha dejado sin efecto la medida. Lo que sucedió es que el ministro de Economía solicitó modificaciones. Y en lo formal, traslada la inquietud a Pesce “para su conocimiento y fines que estime corresponder en el ámbito de su competencia”.

Con todo, el dato político es que desde el Ministerio de Economía filtraron la carta en medio de la interna oficialista.

Fuente: Clarìn