La Rural recurrirá a la justicia para poner freno a las retenciones

Batalla judicial en contra de las retenciones

Tiene decidido recurrir a la Justicia porque sostiene que perdieron sustento legal el 31 de diciembre pasado; las opciones para la presentación que hará

La Sociedad Rural Argentina (SRA) ya tiene decidido recurrir a la Justicia para intentar frenar las retenciones luego de que el Congreso no aprobó el último proyecto de presupuesto de 2022, que incluía, entre otros puntos, una extensión de una potestad al Poder Ejecutivo para la aplicación de los derechos de exportación. El argumento es que, caído el mandato, las retenciones no tienen sustento legal.

El 15 de diciembre pasado, por decreto, el presidente Alberto Fernández fijó la continuidad de alícuotas desde el 1º de enero de este año. Para los expertos, eso no tendría validez porque, junto con la no aprobación del proyecto de presupuesto 2022, también cayó la posibilidad de extensión de un artículo de la ley de emergencia de 2019 que pretendía el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Retenciones de la soja

En rigor, en 2019, el Congreso habilitó al Gobierno a que las retenciones en la soja, por ejemplo, estén en un máximo del 33%, que es la alícuota que tiene actualmente el grano. Para trigo y maíz, entre otros productos, se autorizó un 15%. En la actualidad esos cereales tributan un 12%.

Recientemente, la Rural consultó al estudio de abogados Cassagne sobre la situación creada en torno de las retenciones. La respuesta fue que no había sustento legal para ellas. En este sentido, fuentes de la SRA señalaron que la entidad ya tiene tomada la decisión de avanzar en la Justicia, aunque falta definir el camino. Esto es, con un amparo o con un pedido de declaración de nulidad para el decreto presidencial.

También resta definir el momento de la acción

Anteayer, la Rural mantuvo reuniones por este tema. Vale recordar que un reciente fallo del Tribunal Fiscal de la Nación volvió a abrir el debate por los derechos de exportación. Ese cuerpo, tras un planteo de Bunge Argentina, destacó que el tributo solo puede ser creado y modificado por el Congreso. Se pronunció así por un caso de 2008, cuando la Aduana quiso cobrar los derechos vía una resolución ministerial.

Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2021, las cadenas agroindustriales aportaron en impuestos $2,8 billones, un 23,5% de los $11,9 billones que recaudó el Estado. Uno de cada cuatro pesos salió del agro.

En el caso puntual de las retenciones, por este concepto, el Estado en 2021 recibió $861.093 millones. Sobre esto, la BCR detalló: “Los derechos a la exportación fueron los de mayor impacto recaudatorio en la estructura impositiva de las cadenas agroindustriales en 2021, generando un saldo de $861.093 millones, un 31% del total que tributaron las cadenas en los eslabones y en los tributos puestos en consideración”.

En tanto, entre otros tributos, dijo que “el segundo en importancia en recaudación fue el aporte efectuado en concepto de IVA, que generó saldos por $745.416 millones y representó cerca del 27% del total tributado por las cadenas”.

Impacto en la recaudación

Del total de las retenciones de las cadenas del agro, según la entidad rosarina, $633.817 millones provinieron del complejo soja, el mayor aportante al fisco.

En el Congreso está abierta la disputa por los derechos de exportaciones. Entre otros legisladores, Ricardo Buryaile, diputado nacional y exministro de Agroindustria en el gobierno de Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley para que sea el Congreso el que, en cumplimiento del artículo 75 inciso 1 de la Constitución –menciona que es ese cuerpo quien debe legislar en materia de derechos de importación y exportación–, fije los aranceles de importación y exportación previa propuesta por parte del Poder Ejecutivo.

En tanto, Pablo Torello, diputado por Juntos por el Cambio, prevé en un proyecto propio una baja gradual que llevaría a 0% las retenciones en tres años al trigo y el maíz y en ocho años a la soja. La diputada Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica-ARI Córdoba), junto con sus pares Rubén Manzi y Mónica Frade, tiene una iniciativa para derogar los artículos 664, 755 y 756 de la ley 22.415 sobre el Código Aduanero. “El fin del proyecto es despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, ya que es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación”, dijo.

Una alternativa para recurrir a la Justicia es mediante un amparo. La otra posibilidad es con un planteo de nulidad por un decreto presidencial

Fuente: La Nación