La movilidad no alcanzó para compensar la inflación y ajustan jubilaciones y pagos asignaciones

Crisis. Lo asignado a prestaciones previsionales bajó un 5,1% interanual en septiembre; la movilidad no alcanzó para compensar la inflación y hubo quitas de bonos para algunos

En septiembre último, el gasto del Estado nacional para el pago de jubilaciones y pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7% (bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas).

Los datos fueron consignados en el informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los números también muestran que, siempre en términos reales, en los primeros nueve meses del año y en comparación con ese período de 2022, el gasto, cuya administración está en manos del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, tuvo un ajuste y cayó un 3,5% y un 27,4% en cada uno de los conceptos mencionados, ambos muy sensibles para la población.

Visto desde el lado de quienes perciben las prestaciones (entre quienes hay situaciones diferentes, dadas las políticas oficiales), eso significó caídas en el poder adquisitivo, en un año, dehastal9% en las jubilaciones, y de hasta 64% en lo cobrado por hijo. En ambos universos hay grupos que el año pasado cobraban bonos que ya no están vigentes. Eso amplió, para esos segmentos, el efecto de la caída interanual del ingreso medido según su poder de compra. La pérdida ocurrió, en líneas generales, a causa de que las subas según la fórmula de movilidad se ubicaron por debajo del nivel de inflación.

Reajustes por actualización

Concretamente, en los últimos doce meses, los reajustes hechos según el índice de actualizaciones definido por ley determinaron una suba acumulada para las jubilaciones y las asignaciones familiares de 101,74%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó un 138,3%. Quienes tienen ingresos que solo se movieron según la movilidad (sin haber cobrado bonos antes y sin cobrarlos ahora), el mes pasado pudieron comprar con lo percibido un 84,7% de lo que podían adquirir en septiembre de 2022; es decir, tuvieron una pérdida de 15,3%.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con un haber bruto mensual actual de $180.000 (por el cual se cobra, en mano, $171.823,8), que un año atrás era de $89.224 ($85.171, una vez descontado el aporte al PAMI). Siguiendo la inflación del período, si en septiembre de 2022 la persona adquiría bienes y servicios por un valor igual al de su ingreso neto, como en ese mes de este año ese mismo consumo tuvo un valor de $202.962 (aumentó un 138,3%), entonces, con los $171.823,8cobrados se pudo comprar el 84,7% del total.

Para alguien con un haber actual de $174.000, la caída es mayor aún. Con un ingreso antes de descuentos de $86.250, en septiembre de 2022 percibió, además, un refuerzo de $4000. En ese mes de este año ese bono ya no estuvo y, por tanto, al pasar de un ingreso de $90.250 a uno de $174.000, la suba fue de 92,8%, lo cual determinó una baja del poder de compra de 19,1% en un año.

Reducción de jubilaciones

A partir de septiembre de este año, y pese a que el índice de inflación se fue incrementando (fue de 12,4% y de 12,7% en el octavo y en el noveno mes, respectivamente), el Gobierno dispuso reducir el universo de jubilados que cobran un refuerzo. La política del pago de bonos surgió por la insuficiencia de la fórmula de movilidad (vigente desde 2021, luego de un 2020 en el que se suspendió la fórmula antes vigente, para poder ajustar a la baja todas las prestaciones).

Durante un año, los bonos abarcaron a quienes tenían ingresos de hasta el haber mínimo multiplicado por dos y un poco más. Ahora, el grupo se redujo: hay un extra de $37.000 mensuales (entre septiembre y noviembre) que se abona solo a quienes tienen el haber mínimo, en tanto que a quienes tienen un haber bruto de hasta $124.460 se les paga lo necesario para completar esa cifra (con un ingreso de $100.000, se abonan $24.460). Quienes tienen un ingreso superior a esa cifra y de hasta alrededor de $175.000 dejaron de percibir un refuerzo; quienes tienen haberes mayores no cobran bono ahora, ni lo cobraban antes.

El gasto en jubilaciones y pensiones, que entre enero y septiembre totalizó $8.370.809 millones, según
el informe de la OPC, fue inferior al de 2022 -ajustado por inflación- incluso con las nuevas prestaciones dadas de alta por el nuevo plan de deuda previsional, aprobado este año. Según el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, entre enero y septiembre se otorgaron 328.735 nuevas jubilaciones (la cifra equivale al 90% de las dadas de alta en todo 2022), y ocho de cada diez tuvieron moratoria.

Plan platita

Para los prestatarios con el haber mínimo, si se consideran los refuerzos, entre septiembre de 2022 y ese mes de este año la suba nominal fue de 147%, algo mayor a la inflación de 138,3%. Sin embargo, el extra de $37.000 fue establecido en el marco del «plan platita» y con vigencia hasta el mes próximo. No se sabe, por ahora, qué ocurrirá después.

Los números de la ejecución presupuestaria demuestran, por otro lado, que ese pago es posible porque se les ajusta a la baja a los demás jubilados, provocando un achatamiento de la pirámide y distorsiones en el sistema. Por ejemplo, alguien con un haber mensual de $133.000 ($45.540 más que el básico) cobra hoy, en mano, menos que con el mínimo, cuando se agregan el bono de la Anses y la Euro $370,56 Y(ANT: $373,32) Real $69,95 W (ANT: $69,81) Reservas 24.556 W (ANT: 24.551) en millones de US$ ayuda alimentaria que paga el PAMI a los afiliados que tienen un haber mensual de hasta $131.900.

El informe de la OPC revela que la reducción interanual del total de gastos corrientes del sector público fue de 4,3% entre enero y septiembre. Y se analiza: «Las disminuciones más relevantes se registraron en asignaciones familiares (27,4%), subsidios energéticos (24,1%), programas sociales (12,6%), bienes y servicios (7,4%) y transferencias corrientes a provincias (5,5%). En el caso de las jubilaciones y pensiones, si bien la disminución porcentual fue más acotada (3,5%), resultó el tercer rubro de mayor contribución a la reducción del gasto por su participación en la estructura del gasto primario».

El caso de las asignaciones

En el caso de las asignaciones familiares, en el ajuste del gasto influyeron también la insuficiencia de la movilidad dispuesta por ley y la quita de adicionales. En septiembre de 2022 se habían asignado bonos para garantizar que, en los hogares del tramo de ingresos más bajos se cobrara $20.000 por hijo. Sin esa medida vigente, hoy la cifra es de $17.093. Eso determinó, en esos casos, una prestación que el mes pasado tuvo un poder de compra de solo el 36% respecto del que tenía lo cobrado un año atrás.

Las prestaciones del segundo tramo de ingresos eran de $6830en septiembre de 2022 (había un mecanismo que garantizaba esa cifra, bono mediante), en tanto que hoy es de $11.528, es decir, un 68,8% más alta, frente a una inflación de 138,3%.

En los tramos de ingresos más altos entre quienes están alcanzados por el salario familiar, lo percibido subió por la movilidad. El aumento acumulado fue, así, de 101,74% en los últimos doce meses. En esos casos no hubo bonos el año pasado.

Los últimos años hubo una dinámica distorsiva en el esquema contributivo de asignaciones familiares.

En febrero último, por ejemplo, la cantidad de asignaciones por hijos de asalariados había caído más de un 61% con respecto a la de marzo de 2022: en ese lapso se dejaron de pagar prestaciones por 1,95 millones de chicos, según la estadística oficial. Eso pasó porque en muchos hogares se había superado el ingreso tope para acceder a la prestación. Hasta una reforma reciente (de marzo de este año) ese tope se mantenía congelado por un año. Es decir, por subas nominales de salarios, que en muchos casos no alcanzaban para compensar el daño de la inflación, el sistema iba expulsando mes a mes a trabajadores del salario familiar. Y eso permitió un ajuste importante del gasto público, en desmedro de las políticas para la niñez.

El incremento de 101,74% (el de movilidad) es el mismo que se dio para la AUH, hoy de $17.093. Esa asignación social, destinada a los hijos de desocupados y trabajadores informales de hasta 17 años, es complementada, solo por los chicos de hasta 14 años, con el Plan Alimentar. Lo asignado por el Estado para este segundo concepto, según los datos elaborados por la OPC, tuvo un recorte interanual, cuando se corrige el número por inflación, de 4,1% en septiembre, y de 6,2% en el período de enero al noveno mes del año.

Fuente: La Nación