La inclusión financiera salva vidas

La inclusión financiera salva vidas

Por Kevin Itoiz, consultor financiero y director de educación e inclusión financiera de CELAI (Centro Latinoamericano de Inversiones)

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde pero también, uno no sabe lo que no tiene hasta que realmente lo necesita. En esta crisis que está viviendo el mundo debido a la pandemia del COVID-19, los gobiernos se arrepienten de no haber estado mejor preparados. Se arrepienten de no haber invertido más en sus sistemas de salud y de no tener protocolos preparados para este tipo de catástrofes sanitarias que los alejen de la improvisación y extrema responsabilidad que hoy les recae a los líderes del mundo por las salud de sus ciudadanos y el bienestar de su país. Algunos, por supuesto, están mejor preparados que otros y cuando pase todo esto esperemos que sean los casos a imitar.

Hablamos de la fragilidad de los sistemas sanitarios pero hay otra gran problema que no tenemos en cuenta y es fundamental para evitar la propagación del coronavirus: inclusión financiera. Quienes hoy están incluidos financieramente y realizan la cuarentena desde sus casas puede pagar sus servicios, alquileres y hacer transferencias desde su celular o computadora así como también pagar con tarjetas o métodos de pago QR cuando salen a hacer las compras evitando así el uso de efectivo que puede transmitir el virus.

Tomando como ejemplo lo que sucede en Argentina, que se encuentra en cuarentena obligatoria desde el pasado 20 de marzo, vemos cientos de miles de personas en las afueras de los bancos esperando retirar su dinero, principalmente en jubilaciones y subsidios que otorga el Estado. También vemos largas colas para pagar impuestos o servicios. Este necesidad cultural de usar dinero en efectivo hoy pone en jaque el éxito (hasta ahora) de la cuarentena obligatoria exponiendo al peligro de contagio a los más vulnerables: los adultos mayores.

En un país con inclusión financiera, todas estas personas podrían estar en sus casas cumpliendo con la cuarentena con una tarjeta debito en sus manos que les permita pagar y consumir lo que necesiten sin la necesidad de ir a un banco a extraer efectivo exponiéndose al coronavirus y poniendo en riesgo su vida. No es excusa decir que los jubilados no saben usar la tarjeta de débito o que necesitan el efectivo, muchos aprendieron a usar el teléfono celular que es mucho más complejo para comunicarse con sus hijos y nietos. Incluir financieramente significa principalmente educar y es algo que no estamos haciendo, especialmente con los adultos mayores.

Por otro lado, implementando políticas públicas basadas en economía del comportamiento se podría motivar el uso de tarjetas de débito a través de descuentos o devolución de impuestos (esto se había implementado con el IVA y se dejó de hacer) o incluso desmotivar el uso de efectivo sumando pequeños costos de extracción o costos de servicios al pagar en efectivo en entidades públicas. Todas cosas que debemos discutir para llegar entre todos a una política pública inteligente que beneficie a todos.

Como si esto no fuera poco, en los próximos días, millones de personas recibirán un subsidio de emergencia de $10.000 pesos y sino se piensa algo veremos el mismo problema en los próximos días y gran parte del esfuerzo social y económico que se está haciendo con el aislamiento habrá sido en vano. El alto nivel de informalidad hace que el gobierno nacional esté pensando en enviar el dinero en efectivo en una carta por correo, algo totalmente insólito. En medio de la pandemia es imposible implementar soluciones que debimos implementar con anterioridad, por eso es importante que estas políticas de Estado de largo plazo sean parte de la agenda política más allá de lo coyuntural.

Es verdad que tanto Argentina como varios países de Latinoamérica como México o Brasil, tienen graves problemas estructurales relacionado con el enorme porcentaje de su economía informal que a su vez, por lo menos en el caso de Argentina, se relaciona con una alta carga impositiva. Aún así no hay dudas se podría avanzar con la implementación de políticas públicas inteligentes especialmente en quienes cobran dinero por parte del Estado.