Hay sólo tres firmas nacionales en el mapa del petróleo offshore. Polémica.
De las 13 firmas que lograron alzarse con bloques petroleros, Pluspetrol, con participación junto a socios en dos bloques; Tecpetrol con un área en sociedad, e YPF también con dos áreas y en ambos casos en sociedad con otra operadora, son las únicas argentinas.
En la licitación realizada por la Secretaría de Energía de la Nación, en abril pasado, se recibieron en total 23 ofertas por 995 millones de dólares.
Desde el gobierno nacional se siguió el criterio de la mayor oferta presentada, por lo que finalmente -de esas 23 propuestas- fueron 18 las que tuvieron el visto bueno por un total de 724 millones de dólares.
Las 18 áreas offshore quedaron en manos de empresas y consorcios de empresas, entre las que se cuentan la estadounidense Exxon Mobil,la francesa Total, la británica Tullow, la noruega Equinor y la holandesa Shell. además de los tres oferentes de capitales argentinos.
La firma que más bloques logró captar en la licitación fue Equinor, la exStatoil, la compañía estatal noruega que se alzó con siete áreas en total, cinco como operadora y sin socios y dos más en alianza con otras empresas.
En el ranking de la captura de bloques la sigue Qatar Petroleum (QP). La compañía del país de Medio Oriente logró la concesión de cinco bloques, todos junto a socios.
Polémica por la licitación
Sin embargo, la licitación está cuestionada a través de una serie de presentaciones judiciales y una cautelar dictada por la justicia federal de Río Gallegos.
Los recursos están planteados -en términos generales-, por la polémica acerca de la soberanía a raíz de la presencia de una firma británica, la «arbitrariedad manifiesta» en la no realización de los estudios de impacto ambiental exigidos por la legislación vigente, y el impacto que la actividad petrolera tendría en la industria pesquera.
La demanda presentada por el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, con el acompañamiento de gremios y partidos políticos, solicita la declaración de “nulidad” e “inconstitucionalidad” del decreto nacional 872/18 que instruyó a la Secretaría de Energía a convocar al concurso público internacional por el que finalmente se adjudicaron -el último jueves- 18 áreas para la exploración de gas y petróleo en la cuenca de Malvinas.
El amparo incluye una medida cautelar para que la justicia suspenda el procedimiento de adjudicación de los derechos de exploración y explotación sobre las áreas licitadas que ocurrirá “a los quince días corridos después de publicado el permiso”, advierte la demanda.
Entre otros fundamentos, la presentación señala que a través del concurso internacional, el Estado Nacional “entrega unilateral, gratuita e indiscriminadamente información geológica de la plataforma continental argentina” y habilita a presentarse a “cualquier empresa extranjera (inclusive de nacionalidad británica y que operaron en Malvinas bajo el régimen kelper)” lo que representa “una gravísima afrenta a la soberanía nacional”.
