Impuesto al cheque
Estudian una baja en el impuesto al cheque a las empresas estatales. Diputados incluyó el cambio al aprobarlo; también agregaron alícuotas a los seguros de autos (0,5%) y generales (3 por mil)
El presupuesto 2021 no solo determina en qué va a gastar el Estado el dinero de los contribuyentes. Se toma otras atribuciones. El proyecto que tiene media sanción y deberá debatir el Senado esta semana modifica impuestos. Entre las beneficiadas aparecen las empresas públicas nacionales, que van a recibir un favor que muchas compañías privadas reclaman hace años: una baja considerable del llamado impuesto al cheque.
No hay nada oculto. El artículo 97 del proyecto establece una reducción de la alícuota de ese impuesto al 2,5 por mil para los débitos y créditos en cuentas bancarias de empresas prestadoras de servicios públicos, siempre que las mismas pertenezcan en un porcentaje no inferior al 80% al Estado nacional. La alícuota que seguirá pagando el resto será la misma establecida en 2001: 6 por mil.
El 100% del impuesto al cheque se destina a financiar a la Anses
Entre los beneficiados estarán firmas como Aerolíneas Argentinas, Fadea, Ieasa (ex-enarsa) o incluso AYSA, entre otras. Además, se destacan dos cuestiones significativas: primero, el 100% del impuesto al cheque se destina a financiar a la Anses, por lo que esta decisión implicará menos fondos para el organismo de los jubilados.
Segundo, la rebaja de impuestos será para aquellas firmas cuyo “capital social de la sociedad concesionaria pertenezca en un porcentaje no inferior al ochenta por ciento (80%) al Estado nacional”. Esto implica que las empresas públicas provinciales no recibirán este beneficio.
Fuentes del Palacio de Hacienda aseguraron a que esa idea la nacion no estaba en el proyecto oficial enviado por Martín Guzmán al Congreso. “Fue un clamor de varios diputados en la noche de aprobación del dictamen. Llegó la propuesta cocinada. Muchos diputados la apoyaron”, contó alguien que conoce los números al detalle.
En la oposición afirmaron que fue impulsado por el oficialismo, particularmente “por algunos interesados en AYSA”, afirmaron, tal vez en referencia al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “Es una forma de bajar subsidios a empresas públicas sin bajarlos”, cuestionaron.
Habrá rebajas impositivas por el Plan Gas
Pero no es la única modificación en el presupuesto que atañe a los impuestos. Como ya se conoce, habrá rebajas impositivas por el Plan Gas, cambios en los impuestos internos para los electrónicos, el mantenimiento por un año de la tasa de estadística para importaciones, una “contribución obligatoria” para las aseguradoras, impuestos a las apuestas y hasta la posibilidad del Ejecutivo de crear áreas aduaneras o zonas francas.
“Si bien el mensaje del presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso indicaba que la política tributaria no sería sustancialmente modificada; al tratar los recursos y gastos del año próximo, dado que se encuentra pendiente la remisión de una nueva reforma tributaria; el Congreso de la Nación ha decidido realizar importantes cambios en materia tributaria, demostrando una vez más que la llamada ‘ley de leyes’ ha tomado la costumbre de ser la excusa para incorporar diversos cambios en la materia”, concluyó un informe del estudio Edelstein, Mariscal, Torassa & Asoc. Los dos primeros fueron secretarios de Política Tributaria en tiempos de Mauricio Macri.
Los cambios tendrán un impacto recaudatorio.
Habrá ingresos nuevos por $13.289,6 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En la Cámara baja se incluyeron una contribución obligatoria de 0,5% sobre las primas de seguros automotores (artículo 95), un impuesto del 3 por mil sobre primas de seguros, excepto vida (artículo 101), cuyo costo no podrá trasladarse a los tomadores y que sumará dinero al Fondo del Manejo del Fuego, y los aumentos de los impuestos internos a los productos electrónicos (artículo 110). Este último, más bien una ventaja diferencial hacia los negocios en Tierra del Fuego, recaudará –según la OPC– unos $9722,7 millones.
Hay otros cambios impositivos que vienen de origen, cuentan el informe de Edelstein. El artículo 63 regula el cobro de roaming en Chile; por otro lado, se traslada la responsabilidad de fijar intereses fiscales –resarcitorios, punitorios, por recursos de repetición, entre otros– al Ministerio de Economía, tanto los establecidos en materia impositiva como también aduanera (artículo 64); también se define la prórroga de un año en el plazo para la alícuota del 3% en concepto de tasa de estadística sobre importaciones (hasta diciembre de 2021).
Los especialistas detallan que se establece que un 10% de lo recaudado por este concepto se asignará de la siguiente manera: 30% para líneas de crédito del Banco Nación, otro 30% para el BICE y el 40% restante irá a un fondo específico de subsidio de tasa a asignar en “función de criterios regionales y federales”, según la propuesta.
El Gobierno establece la posibilidad de emitir certificados fiscales en moneda extranjera
Una de las grandes apuestas oficiales es el Plan Gas (artículos 89 y 90). Allí el Gobierno establece la posibilidad de emitir certificados fiscales en moneda extranjera a favor de empresas que se inscriban en el Plan de Incentivos a la Producción de Gas.
“Dichos beneficios serán aplicables a la cancelación de las deudas impositivas que mantengan los beneficiarios del plan –productores de hidrocarburos– y podrán ser utilizados por las empresas, siempre que vencido el plazo de pago de las compensaciones las mismas no hubieran sido canceladas”, indicaron los especialistas en impuestos.
Básicamente, las empresas petroleras dispondrán de una especie de seguro de cambio que servirá solo para pagar impuestos nacionales, pero no provinciales. Por eso, esos artículos agregan un detalle: “Se autoriza al jefe de Gabinete a realizar compensaciones a favor de las provincias y CABA, cuando este beneficio afecte recursos coparticipables”. El Gobierno informó que los incentivos para financiar el plan rondarán los US$1200 millones.
Fuente: Clarín
