Cayo un 6,2% el poder adquisitivo de los jubilados

El alza fue inferior a la suba del IPC desde septiembre de 2020

Con sus ingresos de septiembre, los jubilados y pensionados pudieron comprar 6,2% menos de bienes y servicios de lo que podían adquirir exactamente un año atrás. Eso es así porque entre el noveno mes de 2020 y el de este año hubo un aumento nominal del monto percibido de 43%, al tiempo que el índice de precios al consumidor nacional (IPC) acumuló una suba de 52,5%, según el dato que difundió días atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así, suponiendo que un conjunto de productos valía hace un año 1000 pesos y que ahora cuesta 1525 pesos, si hoy alguien dispone de 1430 pesos (contra 1000 de un año atrás), entonces podrá adquirir un 93,8% de lo que podía comprar en el momento del punto de partida de la comparación. Si se consideran solo los alimentos y bebidas, que tuvieron un incremento interanual de sus valores del 53,4%, siempre según los datos del Indec, la caída del poder de compra resulta del 6,8%.

La caída de las jubilaciones en términos reales dentro del período mencionado ocurrió principalmente durante 2020 y los primeros meses de este año. Durante todo el año pasado, y por una decisión tomada por el Gobierno apenas asumió (en diciembre de 2019), no se otorgaron reajustes a las jubilaciones en función del resultado de una fórmula legal, sino que se dieron subas por decretos del Poder Ejecutivo, con porcentajes definidos de manera discrecional. De esta manera, muy lejos de sus promesas de campaña, Alberto Fernández concretó en su gestión un ajuste importante sobre las jubilaciones, que sigue teniendo efectos actualmente y que los seguirá teniendo en los años próximos.

Incrementos periodicos

Desde marzo de este año se otorgan los incrementos periódicos según el índice resultante de una fórmula aprobada por ley. El cálculo está basado en la evolución de la recaudación de impuestos y de los salarios. Pero los aumentos se calculan sobre ingresos más bajos respecto de los que existirían si no hubiera mediado la suspensión de la fórmula creada en 2017. Ese es un tema que se debate en la Justicia.

En el supuesto de haber seguido vigente el cálculo de movilidad aprobado por el Congreso a fines de 2017, las jubilaciones deberían haber recibido un aumento de 42,1% en 2020; en cambio, las subas fueron de entre 24,3% y 35,3%, dependiendo del nivel de ingresos. Además, de haber continuado la modalidad de recomposiciones que rigió en 2018 y 2019, los ingresos de los jubilados serían ahora entre 3,1% y 12,3% más elevados de lo que son.

En particular, entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de este año la inflación fue de 25,8% y la suba de haberes, de 13,5% (el porcentaje de diciembre fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, mientras que el de marzo ya respondió a la fórmula de la ley 27.609); en el segundo y en el tercer trimestre de 2021 el alza de precios acumuló un 21,3%, y la suba de las prestaciones, un 26%.

La caída en términos reales se refleja también en los grandes números del sistema.

En los primeros nueve meses de 2021 las erogaciones del Estado nacional con destino al pago de jubilaciones y pensiones fueron 6,9% más bajas que las de igual período del año pasado si se miran los números corregidos por inflación y según consigna un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Ese descenso se explica por los aumentos inferiores a la inflación y también, en alguna medida, por la reducción del número de nuevos jubilados que hubo durante muchos meses en el actual gobierno. Las demoras en otorgar altas por parte de la Anses llevaron a que la cantidad de beneficios puestos al pago haya sido inferior a mediados de este año (últimos datos disponibles) al número promedio mensual de 2020, que ya había caído en relación con el de 2019, según un informe de la Secretaría de Seguridad Social.

El haber mínimo del sistema que gestiona la Anses es, desde septiembre último hasta noviembre, de $25.922,42, mientras que en el noveno mes del año pasado era de $18.128,85. El haber máximo es ahora de $174.433,38, mientras que en 2020 era de $121.990,04. En los últimos doce meses, las subas trimestrales de los ingresos fueron de igual porcentaje para todos los jubilados.

Ingresos y ajustes

Después del incremento diferenciado de marzo de 2020, el Gobierno abandonó su idea de achatar la pirámide de ingresos, un objetivo en función del cual había otorgado a los ingresos medios y altos reajustes inferiores a los de la mínima, aun cuando la cuantía de esos haberes (cuyo valor debe mantenerse en el tiempo, según el concepto de la movilidad) es definido según lo que dispone la ley, y se justifica por la cantidad y el monto de los aportes hechos por las personas durante sus vidas laborales.

Con las jubilaciones de octubre y con las de noviembre, quienes cobran el ingreso mínimo y accedieron a su prestación luego de haber reunido al menos 30 años de aportes efectivos (sin recurrir a una moratoria) cobran un plus de $317,58.

Ese adicional responde a que una ley de 2017 establece que los haberes, en los casos mencionados, no pueden ser inferiores al 82% del salario mínimo, vital y móvil.

Como ese ingreso laboral se elevó para este mes a $32.000, la cláusula legal se activó para un grupo de pasivos, cuyos ingresos deben alcanzar los $26.240. Sin embargo, entre quienes perciben la mínima, la gran mayoría accedió al sistema por moratorias, por lo que la medida alcanza a 1,1 millones de prestaciones (en número de personas, la cifra es inferior), sobre algo más de 4 millones de pagos del nivel mínimo.

Durante el gobierno de Fernández también se otorgaron menos jubilaciones nuevas.

Fuente: LaNación