Por Hugo ALconada Mon
Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato. Habrían abonado unos US$ 20 millones.
El empresario confirmó, así, la operatoria delictual que desplegó su compañía en el país, al reconocer que las siglas «DGI» que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva local, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas.
Anotar «DGI» en un memo, explicó Odebrecht a sus interrogadores, implicaba haber asumido «compromisos políticos», afrontar «favores», «contribuciones», «pagos a agentes públicos», «donaciones» u otros rubros ilícitos que terminaban incorporándose a los costos finales de cada contrato. Así lo revelan documentos que analizó LA NACION como parte de un proyecto periodístico colaborativo regional liderado por el equipo peruano IDL Reporteros.
Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él «delegaba mucho» cuando se trataba de operaciones en el exterior.
Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo.
Condenado a 19 años y 4 meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, Marcelo Odebrecht también aludió a la imposición de ciertos «socios locales» por parte del gobierno kirchnerista como condición ineludible para pujar con chances por contratos millonarios.
En algunos países, explicó el ahora delator premiado, las empresas estaban «obligadas» a recurrir a socios locales. Y señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables. Esas firmas y esos operadores locales, dijo, tenían los «accesos políticos» y los contactos para canalizar cualquier pedido.
Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.LA NACION , identificó a la Argentina, junto a Colombia y a República Dominicana, entre los países donde más peso tenían y tienen esos operadores.Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño. Marcelo Mindlin tomó el control de la compañía con una condición: armar un «fondo de contingencia» -una reserva sobre el precio total de venta- que le permita afrontar las eventuales multas y penalidades que las autoridades argentinas puedan imponerle si se verificaran esas coimas.Lava Jato que ya fueron desclasificados, se autorizaban con un único objetivo: obtener «ventajas indebidas» para el emporio Odebrecht. Y fueron «ejecutados por el sector de operaciones estructuradas», y reafirmaron que esos «pagos se realizaban e incluso eran autorizados por Marcelo Bahía Odebrecht».LA NACION .
