YPF incorpora 22 equipos en Santa Cruz para reactivar progresivamente la actividad

YPF incorpora 22 equipos en Santa Cruz para reactivar progresivamente la actividad

La petrolera YPF incorporará a sus operaciones en Santa Cruz 22 equipos que permitirán reactivar progresivamente la actividad en los yacimientos que opera en esa provincia.

La compañía informó ayer que “la decisión de subir los equipos se tomó tras un acuerdo que firmaron el secretario general del Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz, Claudio Vidal, y el vicepresidente de Convencional de YPF, Gustavo Astie”.

De esta manera “se avanzó en un entendimiento que tiene por objetivo recuperar la actividad en la provincia, preservando los puestos de trabajo en un contexto muy complejo para la industria”, explicaron desde la petrolera.

La noticia se da pocos días después de que la firma hidrocarburífera CGC anunciara que vuelve a operar en la zona de Santa Cruz, con el reinicio de las perforaciones en Campo Indio, El Cerrito, una zona que cuenta con reservas de gas.

YPF tiene como objetivo “lograr la optimización y sustentabilidad tanto en sus operaciones como en la actividad que ejecutará”, siendo este acuerdo vital para lograrlo en la provincia de Santa Cruz.

“En Santa Cruz la compañía ya instaló dos plantas de recuperación terciaria con buenos resultados que permiten la posibilidad de proyectar la instalación de plantas adicionales y mejorar el horizonte productivo de la provincia”, recordaron.

YPF destacó “el optimismo, la importancia y la relevancia que produce este acuerdo para la industria en atención a la difícil situación que atraviesa el sector, que tiene como norte empezar a delinear los fundamentos desde donde reactivar la actividad de manera óptima y sustentable”.

La petrolera confirmó la semana pasada a los Gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego que contará con una base de operación en cada una de esas provincias, a través de sus respectivas gerencias, como parte de la nueva estructura de producción de hidrocarburos.

Fuente: El Economista