Tensión con la Corte: Alberto Fernández tuvo un apoyo parcial de gobernadores y Larreta perdió a un funcionario
En su intento de mostrar fortaleza y de reconstruir los puentes con los gobernadores, Alberto Fernández sufrió un traspié en el inicio del año. Tras un encuentro desordenado y con algunas tensiones, el Presidente logró el apoyo de 11 mandatarios provinciales para avanzar con el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, por el fallo que restituyó la composición actual del Consejo de la Magistratura y por el que ordeno volver a pagarle a CABA una parte de los fondos de coparticipación que Nación le recortó en el 2020.
De la reunión que se realizó en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno participaron los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Los mandatarios provinciales Raúl Jalil y Alicia Kirchner se sumaron de manera virtual.
Pese a que en principio no tenía intenciones de firmar, luego de conversaciones internas el texto del Ejecutivo sumó finalmente la firma del mandatario de Chubut, Mariano Arcioni, un hombre cercano a Sergio Massa.
En cambio, el entrerriano Gustavo Bordet, aunque participó del encuentro, decidió no acompañar el pedido de juicio político. Se sumó así -quitando las provincias gobernadas por la UCR y la propia CABA- a los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Perotti (Santa Fe) y Sergio Uñac (San Juan), y los mandatarios de fuerzas provinciales como Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), y Herrera Ahuad (Misiones).
«El Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y los gobernadores abajo firmantes decidieron impulsar el juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti, por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional», precisó el Ejecutivo en un comunicado.
El texto oficial, que se difundió luego del encuentro que encabezó Fernández en la Casa Rosada, también solicita que «se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti» por «algunos hechos con distintos grados de responsabilidad».
El documento también instruye «al bloque de diputados/as del Frente de Todos que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación». En cualquier caso, y aunque el pedido estará incluido en el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, el oficialismo no tiene el número suficiente de legisladores para que avance.
Este martes, a la salida del encuentro con el Presidente, los gobernadores se encargaron de apuntar sobre los supuestos chats filtrados entre el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero y hombre de confianza de Horacio Rosatti.
El funcionario porteño pidió licencia: «En las últimas semanas estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y violan la intimidad. No solo realizan eso, sino que montan situaciones que no son reales y las editan para no hacerlas verdaderas», relató.
«Necesito tomarme una licencia para contener a la familia, que también fue objeto de estas infamias y para preparar la defensa de cómo desarticular la falsedad de estas operaciones que pretenden someternos», agregó D´Alessandro.
Rodríguez Larreta, a través de un comunicado, respaldó la «decisión» de su funcionario. «Confío en Marcelo D’Alessandro y valoro y apoyo el trabajo que viene haciendo al frente del Ministerio. Y valoro también su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo», indicó.
El caso agita las aguas dentro de JxC. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, además de denunciar penalmente una red de espionaje ilegal desde el Estado, le dejó un mensaje al mandatario porteño: «No sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias. Ya se ha hecho la denuncia penal correspondiente», escribió en Twitter.
La CC denunció al ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández, el ministerio de Defensa que dirige Jorge Taiana y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuya cabeza es el ex diputado Agustín Rossi, y apuntó contra el exjefe K del Ejército, César Milani.
