Suspenden a Vicentin como operadora de granos

Suspenden a Vicentin como operadora de granos

La medida es una consecuencia directa de la presentación de concurso preventivo que hizo la empresa con el objetivo de abrir una negociación con sus acreedores.

La suspensión debería continuar hasta que la empresa cierre un acuerdo con sus acreedores.  

La Bolsa de Comercio de Rosario suspendió a la cerealera Vicentín como operadora del mercado de granos. La medida es una consecuencia directa de la presentación de concurso preventivo que hizo Vicentín con el objetivo de abrir una negociación con sus acreedores. De este modo, el quinto operador de granos del país queda formalmente fuera de la cancha. La suspensión debería continuar hasta que la empresa cierre un acuerdo con sus acreedores. De todas formas, Vicentín ya estaba virtualmente a un lado del mercado porque sus proveedores agropecuarios hace rato dejaron de entregarle mercadería ante el incumplimiento en los pagos. Hay fuerte grado de incertidumbre en el mercado granario por el grado de contagio de la crisis de Vicentín en otras empresas.

La deuda de la firma Vicentín está en default y el proceso de renegociación de los pasivos, por el cual se llegaría a un acuerdo de quita, ya está en manos de la Justicia, en el Juzgado de Primera Instancia Distrito número 4 en lo Civil y Comercial de la segunda nominación de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Allí tramita el concurso preventivo, pedido por la empresa luego de haber recibido un pedido de quiebra y decenas de medidas cautelares por parte de sus acreedores. Desde principios de diciembre, la compañía se encuentra completamente frenada, y hay temor por el futuro de los 2000 productores afectados y los 800 trabajadores que se desempeñan en las plantas de Ricardone y San Lorenzo.

La Bolsa de Rosario comunicó este martes que “el artículo 1 del Reglamento de Operadores del Mercado Físico de Granos establece que la presentación en concurso preventivo de una firma operadora determinará la suspensión de la misma hasta que se acredite la homologación del acuerdo preventivo logrado con sus acreedores. Las firmas operadoras suspendidas quedan inhabilitadas para actuar en el mercado por el tiempo que dure la suspensión, estándoles vedada la concertación y registración de operaciones en la Bolsa”. 

La medida tiene más importancia formal que real, debido a que Vicentín en los hechos dejó de operar hace algunos meses. “Este es un mercado con mucha competencia y en donde se pone en juego muchísima plata. La palabra es todo y Vicentín quedó muy afectada por su falta de credibilidad. Nadie le va a vender porque no puede pagar. En este sentido, la medida de la bolsa es para la tribuna”, consideró un referente del mercado.

Se estima que la deuda de Vicentín asciende a unos 1000 millones de dólares. Entre los bancos locales, el principal acreedor es el Nación, que le prestó a Vicentín 18 mil millones de pesos durante la presidencia de Javier González Fraga en la entidad, operatoria que es investigada por la Justicia por presunto fraude al Estado nacional. Siguen el Banco Provincia de Buenos Aires ($1600 millones) y el Banco de Industria y Comercio Exterior (5 millones).

Vicentín se estuvo fondeando en los últimos meses con los granos que los productores le entregaban con precio “a fijar”. Es una operatoria muy usual y consiste en que las cerealeras reciben el grano pero lo pagan recién cuando el productor da la orden de vender. La corrida en contra de los granos de productores que quisieron vender en manada ante la situación de incumplimiento de Vicentín terminó por detonar la crisis de la cerealera.

El economista de la Universidad de Rosario, Sergio Arelovich, evaluó en declaraciones radiales que “no esta demostrado que el Grupo Vicentín, que es amplio, esté en una situación de crisis financiera. Para llegar a esta conclusión, hay que revisar el comportamiento del grupo a nivel global, incluso en la sucursal Madrid. Dada la legislación vigente, los trabajadores no llevan la mejor parte para cobrar lo que les deben. Los gobiernos nacional y provincial deberían garantizar las fuentes laborales». 

Fuente: El Economista