Seopan pide ampliación de plazos

Reclama cambios legales para dar más peso al sector privado

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) advirtió ayer de las dificultades que van a encontrar las constructoras para ejecutar los casi 35.000 millones de euros que les corresponden para este año dentro del fondo para la reconstrucción de la UE habilitado por la Comisión Europea.

En un encuentro virtual con medios de comunicación, Julián Núñez, presidente de Seopan, recalcó que va a ser muy difícil cumplir los plazos previstos y eso podría suponer la pérdida de dicha financiación. “El problema fundamental viene de Europa, ya que cuando presentó el plan de recuperación había diseñado un escenario de normalidad en 2021, cuando en la actualidad seguimos con confinamientos, restricciones a la movilidad y con ayudas a los sectores más vulnerables. Creo que debería darse más plazo, ya que es muy difícil cumplir con esos plazos y no queremos renunciar a fondos que no se ejecuten pese a la buena gestión de las Administraciones”, señaló.

Transporte y ecología

En el análisis del reparto de esos 35.000 millones de euros, 24.054 millones llegarán mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia al Gobierno central y posteriormente se repartirán entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (4.984 millones), el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (6.661 millones) y otros ministerios (12.409 millones). Los restantes 9.011 millones corresponden a fondos ligados a la cohesión territorial, que serán gestionados por comunidades autónomas y ayuntamientos.

En el caso de la partida de Transportes, Núñez criticó el efecto limitado de la inversión en vivienda y rehabilitación, si no hay más inversión privada, así como la ausencia de fondos para recuperar el transporte de mercancías y la escasa dotación del transporte ferroviario. En cuanto a Transición Energética, precisó que la partida para depuración y saneamiento (148 millones) es claramente insuficiente para una inversión pendiente de 1.400 millones. “Hay más de dos millones de viviendas que no tienen alcantarillado y depuración y España está pendiente de sanciones”.

De los 35.000 millones, apenas 2.641 corresponden al sector privado. En este sentido, Seopan insistió en la necesidad de modificar la tasa de descuento que prevé la legislación (en torno al 5%) para conseguir atraer capital privado y que admita la propuesta trasladada desde CEOE para que los proyectos acogidos a los fondos europeos estén excluidos de la citada tasa que fija la Ley de Desindexación, con el fin de que el capital privado no se quede al margen de la inversión. En cualquier caso, Núñez aclaró que Hacienda tendrá la última palabra a la hora de cualquier cambio en la norma.

Balance del impacto

La organización también presentó un balance del impacto que la pandemia tuvo en la actividad de las empresas que representa. Entre marzo y diciembre de 2020 se produjo, como consecuencia de la paralización administrativa derivada de la crisis del coronavirus, una caída del 26% en la licitación pública (4.644 millones de euros menos), la tercera más importante después de los desplomes de 2010 y 2011, en mitad de un ajuste fiscal sin precedentes tras la Gran Recesión de 2008.

A esa merma se sumaron otros 4.286 millones perdidos por la falta de contratación pública. Una parálisis que también afectó a las concesionarias de autopistas, que en diez meses sufrieron un descenso de la movilidad del 37%, lo que representó un menor tráfico cuantificado en 8.300 vehículos al día.

Fuente: Cinco Días Es