El Presidente firmó sin demoras el decreto y son desplazados dos camaristas y un juez

El Presidente firmó sin demoras el decreto y son desplazados dos camaristas y un juez

Alberto Fernández firmó el decreto que corona el desplazamiento de tres jueces del fuero federal que han tenido o aún tienen participación en casos de corrupción que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y a ex funcionarios kichneristas. El trámite legal para removerlos fue completado así menos de 24 horas después de que el oficialismo impusiera su mayoría en el Senado para anular los traslados de esos magistrados dispuetos en la gestión macrista.

De esto modo, deberían volver a sus cargos anteriores los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,  y el juez Germán Castelli. El kirchnerismo argumentó que los traslados habían sido irregulares, a pesar de que contó con el aval de la Corte Suprema.

El tema seguramente volverá a la Corte, que rechazó la vía del per saltum –reclamada por los camaristas- pero dejó abierto el camino a un recurso extraordinario. Todo indica que los magistrados insistirán de ese modo.

Bruglia y Bertuzzi integran la Cámara Federal de la Capital e intervinieron en varios asuntos vinculados con causas que involucran a la ex presidente. En particular la denominada causa de los cuadernos de las coimas. Ese caso está ahora en instancias del Tribunal Oral Federal 7. Precisamente, Castelli es uno de los integrantes de ese TOF.

La definición en el Senado se produjo en medio de un pico de mayor tensión entre oficialismo y oposición. Juntos por el Cambio decidió abandonar la sesión, conducida por la ex presidente.

Antes de ese desenlace y de la votación, con mayoría del Frente de Todos y dos aliados, se habían producido cruces y chicanas entre Cristina Fernández de Kirchner y referentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Martín Lousteau y Luis Naidenoff.

El oficialismo consideró que los jueces actuaron en función de un plan para «perseguir» a la ex presidente. Y la oposición sostuvo que se trata de una ofensiva oficialista para lograr “impunidad” y que constituye una “venganza”.

Alberto Fernández cerró el círculo con el decreto. Y ahora se abre la instancia de la Corte Suprema. Todo ocurre además con fuerte impacto político.